María José Alba Lozano
La vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, anunció recientemente que el empleo adecuado en Ecuador alcanzó un 38,6 % con corte a julio de 2025, lo que representa un incremento de 282.000 puestos adecuados en comparación con el mismo mes del año anterior. Las declaraciones se difundieron a través de un video en redes sociales, en el que la funcionaria citó cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Según Jaramillo, esta variación del 3,7 % respecto a julio de 2024 está directamente relacionada con un crecimiento económico acumulado del 3,9 % reportado en el mismo periodo. Asimismo, destacó que entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 se han registrado 380.983 contratos laborales para jóvenes entre 18 y 29 años en el Sistema Único de Trabajo.
La funcionaria atribuyó este incremento en la empleabilidad juvenil a las leyes aprobadas en la Asamblea Nacional y a la implementación de la “Ruta de la Empleabilidad”, una estrategia en la que, según Jaramillo, participan activamente 44 empresas privadas.
El anuncio del Ejecutivo se enmarca dentro del plan de eficiencia administrativa, que incluyó la fusión de seis ministerios y seis secretarías, así como la desvinculación de alrededor de 5.000 funcionarios públicos.
ANÁLISIS LEGAL
En una entrevista para Diario Correo, el abogado laboralista Víctor Loja analizó los alcances del anuncio del Gobierno desde el punto de vista jurídico. Si bien reconoció que las cifras provienen del INEC, hizo una diferenciación crucial: un aumento en el empleo adecuado no necesariamente implica la creación de nuevos puestos de trabajo.
“Lo que suele suceder en estos casos es que muchos trabajadores que ya venían cumpliendo jornadas laborales de 40 horas o más y recibiendo el sueldo básico, recién están siendo registrados formalmente en el Ministerio de Trabajo. Esto no significa que hayan conseguido un empleo nuevo, sino que el empleador los ha formalizado ahora, por distintas razones: inspecciones, regulaciones o convenios”, explicó.
Loja destacó que este fenómeno ocurre con frecuencia: trabajadores con antigüedad laboral que no tenían contrato por escrito o cuyos contratos no estaban ingresados en el sistema oficial, son registrados tardíamente y comienzan a figurar en las estadísticas.
“Entonces, cuando el Gobierno muestra un incremento en el empleo adecuado, hay que preguntar: ¿se trata realmente de nuevos empleos o de formalizaciones de relaciones laborales que ya existían? Esa es la clave para interpretar correctamente la información”, subrayó.
También recalcó que el 54,5 % de los trabajadores en el país continúan en la informalidad, es decir, sin acceso a seguridad social, estabilidad o derechos laborales básicos. Esta cifra no ha variado sustancialmente, lo que para el jurista evidencia una debilidad estructural del mercado laboral ecuatoriano.
Empleo público se reduce mientras se anuncian cifras positivas
Loja también hizo énfasis en una aparente contradicción entre los despidos masivos en el sector público y el supuesto aumento del empleo adecuado.
“El Gobierno ha desvinculado a aproximadamente 5.000 funcionarios como parte de su plan de eficiencia administrativa. Por lo tanto, hablar de crecimiento en el empleo puede resultar confuso si al mismo tiempo se está reduciendo la planta estatal”, advirtió.
En ese sentido, insistió en que se deben revisar a profundidad los datos que maneja el Ministerio de Trabajo, diferenciando los contratos generados a través de ferias de empleabilidad o convenios con empresas privadas de aquellos que simplemente formalizan situaciones ya existentes.
CONTRATOS POR HORAS Y MODALIDADES LABORALES
Otro punto abordado por el abogado fue la discusión sobre nuevas modalidades contractuales, como el contrato por horas que se está debatiendo actualmente para sectores específicos, como el turístico.
“Este tipo de contrato busca flexibilizar el acceso al empleo, pero también genera dudas sobre la estabilidad laboral. Si no se regula adecuadamente, puede convertirse en una puerta para empleos precarios y sin beneficios”, señaló.
Frente a esto, Loja recordó que ya existen varias modalidades contractuales legales en el marco de la normativa laboral ecuatoriana, pero que muchos empleadores no las aplican por desconocimiento o falta de información. Propuso que el Estado promueva campañas educativas para que las empresas puedan implementar estas modalidades sin vulnerar derechos.
Además, subrayó la necesidad de fortalecer los controles e inspecciones laborales por parte del Ministerio de Trabajo. “El rol del inspector es clave. Debe acudir a los centros laborales, verificar condiciones, exigir regularización y, si el empleador no coopera, aplicar sanciones. Sin fiscalización efectiva, cualquier modalidad contractual puede prestarse para el abuso”, sentenció.
Impacto legal y social de un estancamiento en el empleo adecuado
Desde una perspectiva jurídica, el abogado sostuvo que el estancamiento en la creación de empleo adecuado tiene implicaciones graves.
“Cuando el empleo adecuado no crece, o lo hace de manera mínima, significa que no hay suficientes oportunidades laborales con condiciones dignas. Eso tiene un efecto directo en la economía de los hogares, en el acceso a la seguridad social y en la calidad de vida de los trabajadores”, afirmó.
Además, apuntó que el subempleo y el empleo informal generan consecuencias en cadena, como la evasión de aportes al IESS, menor recaudación tributaria, y sobre todo, una clase trabajadora sin respaldo legal.
CIUDADANÍA EXPRESA ESCEPTICISMO Y MALESTAR
Pese al anuncio oficial, en un recorrido realizado por Diario Correo, varios ciudadanos expresaron desconfianza y desencanto respecto a las cifras proporcionadas por el Gobierno. Entre los testimonios recogidos se destacan voces que cuestionan la veracidad de los datos y denuncian la falta de oportunidades laborales reales.
“Todo lo que dice este gobierno no es verdad. No ha habido empleo, no ha habido nada”, comentó Gustavo Armidas Aguilar, quien considera que el presidente Daniel Noboa ha incumplido sus promesas de campaña, especialmente en relación a los jubilados.
Por su parte, Bolívar Elmiré señaló que “no puede haber empleo si no hay obras”. En su opinión, la ausencia de inversión en infraestructura y servicios públicos refleja que no se están generando nuevas fuentes de trabajo.
Otro ciudadano, Johnny Mejía, oriundo de Esmeraldas, relató su experiencia como trabajador informal. “He tenido que recurrir al comercio informal para subsistir, porque no consigo un empleo formal. Además, los municipales a veces no dejan trabajar tranquilos”, dijo.
Criterios
Gustavo Aguilar: “Todo lo que dice este gobierno no es verdad. Ustedes lo conocen, no ha habido ningún empleo. Por todas estas cosas la gente está resentida y Noboa ya no debe estar ahí.”
Bolívar Elmiré: “Para que haya empleo tiene que haber obras, ¿dónde están las obras? Aquí no hay trabajo, entonces ¿cómo pueden decir que hay empleo? Eso es una gran mentira.”
Johnny Mejía: “No ha aumentado el empleo, porque hay más personas desempleadas. Yo he venido de Esmeraldas a buscar trabajo y ha sido complicado. Ahora sobrevivo con un empleo informal”.
Víctor Loja: “Lo que debería hacer el Ministerio de Trabajo es campañas para que los empleadores conozcan las modalidades contractuales. Muchas veces no se crean nuevos empleos”.
