El Comité de Ética de la Asamblea Nacional cerró la etapa de admisión y calificación de pruebas dentro del proceso de juzgamiento a la asambleísta Nuria Butiñá (RC), acusada de supuesto cobro de diezmos a un exasesor
El Comité de Ética de la Asamblea Nacional cerró la etapa de admisión y calificación de pruebas dentro del proceso de juzgamiento a la asambleísta Nuria Butiñá (RC), acusada de supuesto cobro de diezmos a un exasesor que colaboraba en su despacho y que fue despedido en agosto pasado. El siguiente paso será la audiencia para la práctica de la prueba.
La acusación fue presentada por la legisladora, Mishel Mancheno (ADN), quien tomó como base de su denuncia un escrito presentada por Iván Darío Castro donde manifiesta que durante el periodo comprendido entre el 16 de mayo y el 14 de agosto de 2025, mientras ejerció funciones como asesor nivel 1, la acusada le solicitó de manera directa y mediante mensajes de WhatsApp que entregara una parte de su remuneración mensual para conformar fondos destinados a cubrir gastos de comunicación, consultorías y contratación de personal externo.
La legislatura Butiñá, este 10 de septiembre, reclamó porque el Comité de Ética reunido el 9 de septiembre, no aceptó parte de sus pruebas de descargo de la denuncia presentada por asambleísta Mishel Mancheno (ADN).
Recordó que el proceso en su contra se basa en una denuncia de un ex asesor que desvinculó el 8 de agosto pasado por incompetente, y afirmó que lo hizo porque siempre ha sido muy estricta en el cumplimiento de las funciones. Los ciudadanos no esperan que los asambleístas vengan aquí a “rascarse la barriga. Los ciudadanos esperan que los funcionarios cumplan y lo desvinculé dentro de mis competencias”, afirmó.
Dijo que su exasesor Iván Darío Castro ha presentado una falsa denuncia de diezmo, diciendo que se le pedía parte de su sueldo, “lo cual jamás he pedido un centavo, ni a trabajadores ni a nadie”.
Butiñá acompañada por gran parte de su bancada, relató que presentó sus pruebas ante el Comité de Ética en más de 101 documentos que están desmaterializados, notarizados, con declaraciones juramentadas y parte de ellos no fueron recogidos.
Dijo que llama la atención cómo un Comité de Ética puede dejar sin defensa a un miembro de la Asamblea, pues deberían recoger toda la información y tener todos los elementos, especialmente los presentados últimamente ante el Comité, donde pidió información al Consejo de la Judicatura.
Dijo que el Consejo de la Judicatura remitió información de que su exasesor tiene más de 21 sumarios disciplinarios, denuncias de sus compañeros muy graves y todas archivadas. Entonces, “llama enormemente la atención que ahora el denunciante diga que la ex jefa asambleísta era la que le pedía diezmos. Muy raro. Es una mentira, es una falacia”, sentenció, tras indicar que ha comprobado con documentos y cumpliendo el debido proceso para que puedan contrarrestar con información real.
Dijo que las supuestas transferencias bancarias que realiza el exasesor, a sus cuentas bancarias no son, sino a un tercero que es abogado que le dio asesoría, porque si bien era abogado el exasesor ni siquiera podía preparar un informe.
Butiñá manifestó que este caso debería ser archivado, y si no lo hace el Comité de Ética irá al pleno de la Asamblea y en ese escenario transparentará todo lo que se ha hecho en este “ridículo proceso”.
Comentó que esta denuncia en su contra es una “cortina de humo” en momentos en que la Revolución Ciudadana con su bancada está haciendo una fiscalización eficiente en el tema de hospitales, en el tema de salud que está totalmente desgastada, en el tema de Progen, que no pasa nada.
El asambleísta Sergio Peña (exRC), y miembro del Comité de Ética, explicó que se admitió unas y no todas las pruebas. Lo que se aceptó son los chats materializados que muestran amenazas de la acusada hacia su asesor. Lo que no se aceptó son las declaraciones juramentadas que son inútiles.
El punto es “la extorsión que se ha dado a través de estos chats, donde hay chats clarísimos y con transferencias de depósitos, eso ya es un tema que fue admitido”.
Dijo que este tema puede terminar no solo en una posible destitución y también podría caer en un tema penal, y será la Fiscalía del Estado quien deberá conocer el caso, una vez que concluya la investigación en el Parlamento.
Peña denunció que un familiar del exasesor de Butiñá, habría recibido amenazas de muerte y fue informada la Fiscalía, pues le mandaron a callar.
La próxima semana entre martes y miércoles el Comité de Ética se realizará la audiencia final y luego se elaborará un informe.