NACIONAL

Floricultores, los más afectados por las protestas


El paro nacional deja pérdidas económicas diarias de hasta $4 millones, según expertos. Fotos de Cortesía

Ivette Coronel Ojeda

De dos a cuatro millones de dólares diarios son las pérdidas económicas que genera el paro nacional durante la semana de movilizaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) tras la eliminación del subsidio al diésel.

Expertos en Economía entrevistados por este Diario aseguraron que, además de estas pérdidas, se está afectando la producción y exportación —principalmente de flores—, así como al turismo de la zona y a los negocios locales.

Luis Cedillo, economista, explicó que antes de que el Gobierno tomara la medida de eliminación del subsidio al diésel, el país cerraba con un déficit fiscal de aproximadamente 5.600 millones de dólares. Con esta decisión, el Gobierno estaría ahorrando 1.100 millones de dólares, lo que representa cerca del 2% del PIB nacional.

Según Cedillo, este 2% significa que el Estado tendrá más capacidad de endeudamiento y de destinar esos recursos “justamente a los sectores que en verdad lo necesitan, porque según los últimos estudios económicos, los cuartiles más altos son los que realmente se benefician, y no los más pobres, como nos intentan hacer creer”, señaló.

Sin embargo, a raíz de la medida tomada por el presidente Daniel Noboa se dio inicio al paro nacional que, de acuerdo con el padrón electoral, representa al 5% de los votantes, quienes se oponen a la eliminación del subsidio al diésel.

Para John Campuzano, economista, a diferencia de los paros nacionales de 2019 y 2022 —en los que hubo hasta 22 días de protestas—, esta movilización indígena se ha convertido en una “protesta focalizada” en provincias como Imbabura y Cotopaxi, donde la CONAIE tiene agrupaciones muy fuertes.

PÉRDIDAS ECONÓMICAS

Cedillo explicó que, diariamente, el paro nacional está costando entre 2 y 3 millones de dólares, con daños severos al sector florícola, uno de los más golpeados. De acuerdo con sus estadísticas, este sector pierde alrededor de un millón de dólares diarios, ya que su producción no puede salir de las fincas.

A esto se suman los costos logísticos provocados por retrasos en las entregas. Muchos productos perecibles se han dañado, y la imposibilidad de cumplir con los contratos provoca que los productores sean penalizados.

Campuzano mencionó que las pérdidas diarias podrían alcanzar hasta los cuatro millones de dólares, sobre todo en las provincias donde se concentra la protesta, como Ibarra, Otavalo y Cotacachi, donde también se ha visto afectado el turismo.

Por su parte, el economista Pablo Dávalos considera que, si el presidente no negocia con los sectores involucrados, el costo del paro nacional podría ser aún mayor. Hasta la fecha, las consecuencias económicas se estiman en alrededor de 74 millones de dólares, según diferentes sectores vinculados a la movilización en Imbabura.

Dávalos advirtió que, con la “agresión a los derechos humanos por parte del Gobierno Nacional”, es muy probable que la protesta se radicalice y que otras provincias —como ya se ha anunciado— se sumen al paro, lo que generaría pérdidas aún más altas.

IMPACTO INTERNACIONAL

Campuzano explicó que, a nivel internacional, el paro nacional no ha alterado mayormente el riesgo país, el cual suele asociarse con este tipo de situaciones. “Es un buen síntoma; quiere decir que hacia afuera no se percibe que esta protesta de ciertos grupos indígenas pueda afectar la continuidad del Gobierno. Por lo tanto, hacia el exterior no pasa nada”, dijo.

Además, mencionó que tampoco existen observaciones de los organismos internacionales que monitorean este tipo de eventos en cada nación.

Por otro lado, Dávalos señaló que el riesgo país sí se ha incrementado en los últimos días: de una reducción de 100 puntos pasó a un aumento de más de 150 puntos, debido a la incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para manejar políticamente la crisis.

“El riesgo país se ha incrementado, y eso hace que la pretensión del Gobierno de regresar a los mercados internacionales de capitales se vea postergada. Todo depende, todo pasa por la voluntad política del Gobierno de solucionar esta crisis”, afirmó.

¿SE DEBE DEROGAR EL DECRETO DE ELIMINACIÓN DEL SUBSIDIO AL DIÉSEL?

Cedillo sostuvo que derogar el decreto de eliminación del subsidio al diésel no es una opción, ya que en términos políticos esta medida debe mantenerse.

Sin embargo, considera que el presidente Daniel Noboa debería buscar estrategias para disuadir a la ciudadanía del paro nacional. “Ya se ha visto que quienes están impulsando estas movilizaciones no son realmente la gente de a pie ni quienes supuestamente se sienten vulnerados”, expresó.

Para Campuzano, retirar el decreto sería “un abuso y un manejo de la política económica por parte de quienes perdieron las elecciones”. Añadió que el déficit fiscal del país no permite mantener más subsidios.

No obstante, cree que es necesario que se establezca un acuerdo para que los sectores indígenas propongan que esos recursos se destinen a proyectos concretos orientados a mejorar la calidad de vida.

Criterios

Luis Cedillo: “Si hablamos en términos monetarios, el paro en promedio al día nos está costando entre 2 y 3 millones de dólares especialmente uno de los sectores que más ha sido atascado o vulnerado es el sector de las flores, ellos están perdiendo en promedio un millón diario por el hecho de que como donde está situado el paro no permiten la salida de toda la producción”.

John Campuzano: “El riesgo país está estable y no tenemos tampoco observación de los organismos internacionales que es el que generalmente están monitoreando el comportamiento de la economía y también este tipo de eventos sociales. Aunque las pérdidas no suenen tan grandes, siguen siendo pérdidas que afectan a las economías de las provincias”.

Pablo Dávalos: “El PIB estaba creciendo, pero el presidente con esta decisión detuvo ese incremento y además genera zozobra social, genera conflicto social. Esta medida como todos sabemos corresponde a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional que le había solicitado al gobierno la eliminación de todos los subsidios incluido el subsidio de gas doméstico”.