Representantes de la Iglesia y defensores de DDHH hacen un llamado urgente al diálogo, en medio de las protestas por la eliminación del subsidio al diésel. Fotos de Cortesía
María José Alba Lozano
Las movilizaciones y paros que se desataron en distintos puntos del país, especialmente en la región Sierra, tienen su origen en la reciente decisión del gobierno nacional de eliminar el subsidio al diésel. Esta medida genera malestar entre comunidades indígenas, sectores agrícolas, transportistas y organizaciones sociales.
En este contexto de polarización y fragmentación, actores de la Iglesia y de los derechos humanos alzan la voz para llamar a la reflexión, al diálogo y a la construcción de soluciones que no vulneren a los más pobres. En entrevista con diario CORREO, el Padre Vicente Romero y el licenciado César León Reyes compartieron su mirada crítica frente a esta situación, así como sus propuestas para encaminar al país hacia la paz y la justicia.
LA VOZ DE LA IGLESIA: “NO SE GOBIERNA REPRIMIENDO, SINO TEJIENDO PUENTES”
Para el Padre Vicente Romero, la situación que atraviesa el país no solo es una crisis económica o política, sino también una crisis de valores y de convivencia. En sus palabras, “vivimos una realidad polarizada, fragmentada, dividida no solo por las fuerzas oscuras que manipulan el Estado o los movimientos sociales, sino porque falta un verdadero encuentro de fraternidad entre las comunidades y los pueblos”.
Desde su perspectiva, el rol del gobierno debe ser el de construir puentes y tender la mano al diálogo, especialmente con quienes más sufren las consecuencias de las decisiones económicas. “El gobierno tiene que discernir y enfocar la realidad desde la perspectiva de los más pobres, porque son a ellos a quienes más les afecta”, señala.
El Padre Romero critica que las respuestas del Estado estén marcadas por la represión y la imposición, replicando patrones autoritarios del pasado. “No podemos creer que un gobierno tenga la razón solamente para reprimir y golpear. Cuando los gobiernos dejan de servir y de escuchar, se convierten en dictaduras que atropellan a los más necesitados”, enfatizó.
Desde la Iglesia, asegura que hay voluntad de acompañar a las comunidades, no desde una postura política, sino desde la fe, la esperanza y el compromiso con la dignidad humana. Señala que varias diócesis, como las de Ibarra y Latacunga, así como congregaciones religiosas, ya emitieron comunicados exhortando al gobierno y a los movimientos indígenas a no escalar la violencia y a reencontrarse en un camino de diálogo.
“La paz no se impone, se construye. Y para eso necesitamos escuchar, ceder, respetar. El diálogo no siempre significa estar de acuerdo, pero sí implica que no se puede asesinar, golpear, humillar. El otro también es hijo de Dios”, remarca.
Asimismo, hizo un llamado directo a las fuerzas del orden: “La Policía y el Ejército no son asesinos. La patria no es solo la bandera o el escudo, la patria son las personas. Lo que vimos en el caso de Efraín Fueres no puede repetirse nunca más. Eso no es defender la ley, es violarla”.
DERECHOS HUMANOS: “EL BONO NO ES LA SOLUCIÓN; SE NECESITA JUSTICIA Y PLANIFICACIÓN”
Desde el ámbito de los derechos humanos, el licenciado César León Reyes, docente y presidente de la Fundación de Derechos Humanos, expresó su preocupación por los efectos sociales y económicos que ya empieza a generar la eliminación del subsidio al diésel, especialmente en las capas medias y bajas de la población.
“Quizás hoy no lo sentimos directamente, pero en poco tiempo el precio del transporte, de los alimentos, de las materias primas va a subir, y será el pueblo el que termine pagando”, advirtió.
Para el defensor de derechos humanos, el paro es legítimo como mecanismo de expresión frente a una medida que considera regresiva. “El paro en sí está bien, porque se reclama un derecho, una vulneración. Pero como siempre ocurre, hay infiltrados, hay quienes buscan dañar la protesta, y también hay exceso de fuerza. Es ahí donde se vulneran los derechos humanos”.
Criticó las medidas del gobierno como insuficientes, sobre todo el otorgamiento de bonos o ayudas temporales. “El bono se acaba. No se trata de dar limosnas, sino de diseñar una política pública clara, focalizada y planificada”.
Entre las propuestas concretas que plantea están:
Realizar un censo nacional que permita identificar con claridad a los sectores que verdaderamente dependen del diésel subsidiado: agricultores, ganaderos, transportistas, pequeños productores.
Implementar una tarjeta especial de consumo, como ocurre con algunos pescadores, que permita a sectores prioritarios acceder a un número limitado de galones de diésel con subsidio. Si se supera ese límite, se paga el precio comercial.
Legislar contra el contrabando, que es uno de los argumentos del gobierno para eliminar el subsidio. “No puede ser que por unos cuantos que hacen contrabando, todos paguemos las consecuencias. El gobierno debe sancionar, controlar, pero no castigar a quienes no tienen la culpa”.
También insistió en que la solución debe construirse desde el diálogo verdadero. “La paz no se impone, se construye con justicia, con responsabilidad, con capacidad de escuchar. Ambas partes deben ceder, no imponer. Si seguimos en la lógica del todo o nada, el pueblo es el que pierde”.
Criterios
Padre Vicente Romero: “El diálogo no siempre implica estar de acuerdo, pero sí implica respetar. No podemos golpear ni asesinar por pensar distinto. La paz se construye, no se impone”.
César León Reyes: “El bono se acaba, pero la necesidad sigue. El gobierno debe planificar con justicia y escuchar a quienes dependen del diésel para sobrevivir. La paz nace del acuerdo, no de la imposición”.