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el hecho de que exista ahora esta ley no quiere decir que el problema ya se arregla, pero sí sienta las bases para que los ciudadanos sean capaces de administrar mejor su dinero (incluso en situaciones volátiles, como una pandemia), fomentar el ahorro y la inversión, evitar el sobreendeudamiento y, en especial, nos lleve a tomar decisiones responsables.
(…) Ahora bien, el hecho de que exista ahora esta ley no quiere decir que el problema ya se arregla, pero sí sienta las bases para que los ciudadanos sean capaces de administrar mejor su dinero (incluso en situaciones volátiles, como una pandemia), fomentar el ahorro y la inversión, evitar el sobreendeudamiento y, en especial, nos lleve a tomar decisiones responsables.
Para ello, tiene que hilarse a través de todo el sistema educativo en sus diferentes niveles (desde el inicial hasta la educación superior), contenidos transversales que ayuden a que las personas entiendan la dimensión (acorde a su edad y etapa formativa), de qué conlleva las finanzas personales, el uso responsable del crédito, sepa prevenir fraudes y estafas que cada vez abundan más en función de los ciberdelitos, el uso seguro de plataformas digitales y diversas apps financieras, la protección de sus datos personales y cualquier otro riesgo inherente al uso inadecuado de la tecnologías, etc.
En todo caso, esperemos que esta estrategia nacional de educación financiera esté pertinentemente coordinada entre los distintos actores educativos y el sistema financiero para que ayude a una mayor inclusión de grupos vulnerables, adultos mayores y demás grupos en función de una promoción de la cultura financiera en toda la población y no solo los estudiantes. Cambios de estas características no se verán inmediatamente, probablemente en al menos una generación (15 años) podremos ver los resultados. Pero, si no sembramos ahora, ¿cuándo cosecharemos?
