Con 457 muertes violentas registradas entre enero y mayo de 2026, un aumento de 165 casos en comparación con el mismo período del año anterior, los machaleños demandan al Gobierno Nacional medidas más efectivas para combatir la delincuencia.
Con 457 muertes violentas registradas entre enero y mayo de 2026, un aumento de 165 casos en comparación con el mismo período del año anterior, los machaleños demandan al Gobierno Nacional medidas más efectivas para combatir la delincuencia.
Entre sus principales pedidos están el fortalecimiento de la presencia policial y militar, reformas al sistema judicial y acciones concretas que permitan frenar la escalada de violencia que afecta a la provincia de El Oro.
Durante un recorrido realizado por el centro de Machala, varios ciudadanos coincidieron en que la inseguridad se ha convertido en uno de los principales problemas que enfrentan las familias orenses.
Edwin Marín manifestó que el trabajo policial pierde efectividad cuando los delincuentes son liberados rápidamente por el sistema judicial.
“Hay delincuentes con un tremendo historial y en poco tiempo ya están libres. Se deben cambiar las leyes y sancionar a jueces y fiscales que actúen de manera corrupta”, expresó.
Por su parte, Jenny Santana considera que el Gobierno debe adoptar una postura más firme frente a la delincuencia y reforzar la presencia de uniformados en sectores vulnerables.
“Debe haber más patrullajes en los barrios y en las escuelas porque nuestros niños están expuestos a muchos peligros”, señaló.
Una opinión similar tuvo Roberto Morales, quien afirmó que la provincia requiere más policías y militares en las calles, aunque considera que la solución también depende de una estrategia integral del Estado.
Dinora Castillo, en cambio, enfatizó la necesidad de fortalecer los controles policiales y militares para recuperar la tranquilidad de la ciudadanía.
VIOLENCIA EN AUMENTO
De acuerdo con los datos recopilados por Diario Correo, entre enero y mayo de 2026 se contabilizaron 457 muertes violentas en El Oro, una cifra que representa un incremento de 165 casos en comparación con el mismo período de 2025, cuando se registraron 292 asesinatos.
Entre enero y mayo de 2026, El Oro registró 457 muertes violentas, frente a las 292 contabilizadas en el mismo período de 2025.
Las cifras evidencian que la violencia prácticamente se duplicó en 2026, especialmente en febrero, cuando se reportaron 114 asesinatos frente a los 43 registrados en el mismo mes del año anterior.
TOQUES DE QUEDA
SIN RESULTADOS
Ante el incremento de la violencia, el Gobierno Nacional dispuso dos toques de queda con estado de excepción en la provincia en lo que del año.
El primero se aplicó entre el 15 y el 31 de marzo, mientras que el segundo estuvo vigente del 3 al 18 de mayo, ambos en horario de 23:00 a 05:00.
Sin embargo, las estadísticas muestran que estas medidas no se tradujeron en una disminución de las muertes violentas durante los primeros cinco meses del año.
Si bien durante el horario de restricción no se registraron hechos violentos, los crímenes ocurrieron horas antes de la entrada en vigencia del toque de queda e incluso en el día, evidenciando que las estructuras criminales adaptaron sus horarios de operación para continuar ejecutando ataques.
A diferencia de 2026, durante el mismo período de 2025 no se aplicó ningún toque de queda en la provincia.
CUATRO GOBERNADORES EN 17 MESES
La crisis de seguridad también ha coincidido con constantes cambios en la representación del Gobierno Nacional en la provincia. Desde enero de 2025 hasta mayo de 2026, El Oro ha tenido cuatro gobernadores.
Fabián Mancheno permaneció en funciones hasta febrero de 2025. Posteriormente fue designado Jimmy Blacio Ochoa el 25 de febrero de ese año. Tras su salida, asumió Jaime Serpa García en diciembre de 2025.
Finalmente, mediante el Decreto Ejecutivo 323 del 5 de marzo de 2026, el presidente Daniel Noboa designó a Francisco Xavier Minuche Verdaguer como nuevo gobernador de El Oro, cargo que ocupa actualmente.
De esta manera, en apenas un año y cinco meses la provincia ha tenido cuatro cambios en la Gobernación, en un período marcado por el aumento de la violencia y las demandas ciudadanas de acciones más efectivas para recuperar la seguridad.
Jenny Santana:
“El Gobierno debe poner mano dura y actuar más. Hace falta mayor presencia policial en los barrios y escuelas, porque nuestros niños están expuestos a peligros como los secuestros y la delincuencia”.
Edwin Marín:
“La Policía hace su trabajo, pero la justicia no está actuando como debe. El Gobierno debe cambiar las leyes y sancionar a jueces y fiscales que se dejen llevar por la corrupción para evitar que los delincuentes salgan libres”.
Dinora Castillo:
“El Gobierno debe escuchar más a los ciudadanos y reforzar el control policial y militar en los barrios. Solo con una mayor presencia de las autoridades se podrá mejorar la seguridad”.
Roberto Morales:
“La situación de inseguridad es muy grave. Se necesitan más policías y militares en las calles, pero también una política integral del Gobierno porque este problema afecta a todo el paí”.
