Las declaraciones del coronel Renato González, comandante de la Zona 7 de la Policía Nacional, han generado un amplio debate en el país
Las declaraciones del coronel Renato González, comandante de la Zona 7 de la Policía Nacional, han generado un amplio debate en el país. Con evidente indignación y frustración, el oficial pidió públicamente que la ciudadanía también reclame a jueces y fiscales cuando los delincuentes recuperan su libertad pocas horas después de haber sido detenidos. Sus palabras se viralizaron porque reflejan un sentimiento que desde hace mucho tiempo viene creciendo entre policías, militares y ciudadanos: la percepción de que existe una brecha cada vez más profunda entre el esfuerzo de las fuerzas del orden y las decisiones de ciertos operadores de justicia.
El Ecuador atraviesa una de las crisis de seguridad más complejas de su historia reciente. En este escenario, miles de policías arriesgan diariamente sus vidas para capturar a personas involucradas en delitos que van desde el robo hasta el crimen organizado. Sin embargo, cuando algunos de esos detenidos son liberados rápidamente por falta de elementos, errores procesales o decisiones judiciales cuestionadas, la sensación de impunidad se fortalece y la confianza ciudadana se deteriora.
Las expresiones del coronel González no deben interpretarse como un ataque a toda la Función Judicial. Sería injusto generalizar y desconocer el trabajo de jueces y fiscales que cumplen su labor con profesionalismo y bajo enormes presiones. No obstante, sus palabras sí constituyen un llamado de atención sobre una realidad que no puede seguir siendo ignorada. La lucha contra la delincuencia no depende exclusivamente de la Policía o de las Fuerzas Armadas; es una cadena institucional donde cada eslabón resulta indispensable.
Cuando un policía captura a un sospechoso, la ciudadanía suele observar el procedimiento. Cuando un juez o un fiscal adopta una decisión, muchas veces esta ocurre lejos del escrutinio público. Esa diferencia ha provocado que gran parte de la responsabilidad por la inseguridad recaiga únicamente sobre quienes patrullan las calles. El reclamo del comandante busca precisamente poner sobre la mesa que la seguridad es una responsabilidad compartida.
La solución tampoco pasa por presionar a los jueces para que actúen al margen de la ley. El debido proceso y la presunción de inocencia son pilares fundamentales de un Estado democrático. Sin embargo, también es indispensable que exista transparencia, rendición de cuentas y una evaluación permanente del desempeño de quienes administran justicia.
La ciudadanía tiene derecho a exigir resultados a todas las instituciones involucradas en la seguridad pública. Si la Policía debe responder por sus actuaciones, la Fiscalía y la Función Judicial también deben explicar sus decisiones cuando estas generan preocupación social. Solo así será posible recuperar la confianza en el sistema y construir una estrategia integral que permita enfrentar con éxito a la delincuencia.
