La seguridad de los estudiantes debería constituir una prioridad absoluta para cualquier sociedad que aspire a construir un futuro con oportunidades y desarrollo
La seguridad de los estudiantes debería constituir una prioridad absoluta para cualquier sociedad que aspire a construir un futuro con oportunidades y desarrollo. Sin embargo, en la provincia de El Oro, la implementación efectiva del plan Escuelas Seguras continúa siendo una tarea pendiente, pese al evidente incremento de los problemas de violencia, microtráfico, extorsiones y otros riesgos que amenazan a niños, adolescentes, docentes y padres de familia.
Resulta preocupante que, a pesar de la existencia de estrategias nacionales orientadas a proteger los entornos educativos, la presencia preventiva de la Policía Nacional en las inmediaciones de escuelas y colegios sea limitada o, en algunos casos, prácticamente inexistente. Esta realidad genera una sensación de vulnerabilidad que afecta a toda la comunidad educativa y deja abiertas las puertas para que grupos delictivos encuentren espacios donde operar o captar a menores de edad.
No obstante, sería injusto atribuir toda la responsabilidad a los agentes policiales que cumplen funciones en territorio. El verdadero problema parece radicar en la falta de liderazgo político e institucional capaz de impulsar, coordinar y exigir la ejecución sostenida del plan Escuelas Seguras. Cuando no existe una directriz firme desde los niveles de decisión, las acciones preventivas terminan diluyéndose entre múltiples prioridades operativas, relegando la protección de los centros educativos a un segundo plano.
La seguridad escolar requiere planificación, presencia permanente y coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio de Educación, los gobiernos autónomos descentralizados y las organizaciones comunitarias. No basta con operativos esporádicos o intervenciones reactivas después de que ocurre un incidente. Se necesita una política pública visible y constante que permita identificar riesgos, generar confianza y prevenir hechos delictivos antes de que afecten a los estudiantes.
Los niños y jóvenes de El Oro tienen derecho a asistir a clases en un ambiente seguro. Asimismo, los docentes merecen desarrollar su labor sin temor y los padres necesitan la tranquilidad de saber que sus hijos están protegidos. Por ello, las autoridades provinciales y nacionales deben asumir con urgencia el liderazgo que hoy parece ausente. La implementación efectiva del plan Escuelas Seguras no puede seguir esperando. La educación y la seguridad deben caminar juntas, porque donde una falla, la otra también termina debilitándose.
