Tras su detención, el lunes 6 de julio, el alcalde de Machala fue trasladado la madrugada del miércoles 8 de julio a la cárcel de Latacunga.
Ivette Coronel Ojeda
El alcalde de Machala, Darío M., ya cumple prisión preventiva en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi N.º 1, en Latacunga, luego de que el juez acogiera el pedido de la Fiscalía General del Estado dentro de la investigación que se sigue en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
El traslado se ejecutó a las 05:00 de este miércoles bajo un fuerte resguardo policial. El alcalde salió desde el Comando de Policía de El Oro con destino al centro penitenciario de máxima seguridad ubicado en la provincia de Cotopaxi.
La medida cautelar fue ordenada por el juez Wilmer Choez durante la audiencia de formulación de cargos. En la misma resolución también se dictó prisión preventiva para su esposa, Carmen Ch., procesada como presunta cómplice, quien fue trasladada al Centro de Privación de Libertad Femenino Quito N.º 2, en el sector de Chillogallo.
Su ingreso a ese centro respondió a que El Oro ya no cuenta con una cárcel para mujeres, tras el cierre del centro penitenciario de Zaruma.
La decisión judicial incluyó además la retención de valores en entidades financieras y fijó un plazo de 90 días para la instrucción fiscal.
INVESTIGACIÓN
El caso forma parte del operativo denominado “Muralla”, ejecutado el pasado 6 de julio. Ese día, la Fiscalía y la Policía realizaron allanamientos en inmuebles de la provincia de El Oro, donde detuvieron al alcalde, a su esposa y a una tercera persona con fines investigativos.
Durante las diligencias, los agentes incautaron teléfonos celulares, documentación, registros financieros y dinero en efectivo, elementos que forman parte de la investigación.
Según la Fiscalía General del Estado, las indagaciones apuntan a que entre 2019 y 2025 los procesados habrían registrado un incremento patrimonial cercano a seis millones de dólares que no tendría relación con los ingresos reportados durante ese período.
Para sustentar la formulación de cargos, el fiscal presentó informes elaborados por el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la Contraloría General del Estado y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), además de informes de análisis financiero, reportes investigativos, partes policiales e información proporcionada por entidades del sistema financiero.
DENUNCIA ANÓNIMA
La Fiscalía informó que la investigación se inició tras una denuncia presentada a través de la línea 1800 Delito, en la que se alertaba sobre un supuesto direccionamiento de contratos del Gobierno Autónomo Descentralizado de Machala hacia empresas presuntamente vinculadas con el alcalde.
Con base en esa información, la Fiscalía Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas abrió en junio de 2026 una investigación previa por presunto peculado. Sin embargo, conforme avanzaron las diligencias y el análisis financiero, la investigación cambió al presunto delito de enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con la Fiscalía, el análisis financiero determinó que Darío M. registró movimientos económicos cercanos a 2,7 millones de dólares entre 2019 y 2025. De ese total, aproximadamente 267.000 dólares corresponderían a depósitos y cerca de 300.000 dólares a remuneraciones como servidor público.
También expuso que el alcalde declaró ingresos por alrededor de 2,2 millones de dólares, mientras que los movimientos detectados en sus cuentas ascendieron a cerca de 2,7 millones, lo que reflejaría una diferencia aproximada de 468.000 dólares.
Asimismo, señaló que emitió cheques a su favor por unos 754.000 dólares y registró préstamos privados cuya trazabilidad financiera no habría podido justificarse.
Respecto a Carmen Ch., la Fiscalía indicó que recibió aproximadamente cuatro millones de dólares, de los cuales más de 1,5 millones corresponderían a depósitos en efectivo y alrededor de 315.000 dólares a depósitos mediante cheques.
Además, sostuvo que se identificaron movimientos financieros directos entre las cuentas de ambos procesados.
La investigación también establece que la pareja mantiene participación accionaria en cuatro empresas, una de ellas dedicada a la actividad camaronera. Una de estas compañías habría reportado utilidades cercanas a 26.000 dólares.
La defensa del alcalde rechazó los señalamientos formulados por la Fiscalía y anunció que demostrará durante el proceso judicial el origen lícito del patrimonio de sus representados.
No obstante, tanto el alcalde como su esposa permanecerán privados de libertad mientras avanzan las diligencias de la instrucción fiscal.
