QUITO. El pasado 16 de junio, el Comité de Ética de la Función Judicial aprobó los “principios y directrices básicas para el uso responsable de la IA”. Foto de Cortesía
QUITO.- El Comité de Ética de la Función Judicial aprobó, el 16 de junio de 2026, un documento sobre los “principios y directrices básicas para el uso responsable de la inteligencia artificial en la Función Judicial del Ecuador”, con el cual se busca transparentar el trabajo de los servidores judiciales con este tipo de herramientas.
Este grupo está integrado por el Consejo de la Judicatura (CJ), la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la Fiscalía General y la Defensoría Pública.
El objetivo de este texto es dar solución a un problema global que no le es ajeno a Ecuador. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el 44 % de los juzgados y tribunales del mundo ya usa IA, pero solo el 9 % cuenta con orientación oficial sobre cómo hacerlo.
Según el defensor del Pueblo, Ricardo Morales, quien preside el comité, jueces, fiscales y defensores públicos de Ecuador han estado usando estas herramientas sin ningún marco que les indique qué está permitido, qué está prohibido y qué consecuencias tenía hacerlo.
“Un juez que motiva una resolución apoyándose en una respuesta generada por IA sin verificarla puede estar dictando una sentencia basada en jurisprudencia inexistente o mal interpretada. Un fiscal que ingresa datos de un investigado en una herramienta de acceso público puede estar filtrando información sensible sin saberlo. Un defensor que usa IA para analizar un testimonio en kichwa puede estar construyendo su estrategia sobre una traducción que el sistema simplemente no era capaz de hacer. Todo eso esta ocurriendo, sin reglas, sin consecuencias claras y sin que nadie lo hubiera advertido formalmente”, menciona.
En esa línea, la Defensoría Pública suscribió un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la Universidad Pompeu Fabra-Barcelona School of Management. Dicho centro académico estuvo a cargo de la elaboración del texto, que luego fue revisado por varias organismos, entre ellos la Unesco, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública y el Banco Interamericano de Desarrollo.
El documento recoge veintitrés principios rectores y directrices generales y diferenciadas por tipo de actor. Hay cinco directrices comunes. Son las siguientes:
La decisión judicial es siempre humana
Ninguna IA puede emitir, reemplazar ni determinar decisiones judiciales. El razonamiento, la valoración de la prueba y la parte resolutiva son atribuciones exclusivas e indelegables del ser humano.
Uso de herramientas según el tipo de tarea
Para preparación y estudio personal (sin datos procesales): se puede usar cualquier herramienta, sin autorización previa.
Para actuaciones procesales (con datos reales): solo herramientas autorizadas institucionalmente. Está prohibido ingresar datos procesales en herramientas públicas.
Si no hay una lista publicada, la herramienta debe garantizar que los datos no se comparten con terceros ni se usan para entrenar el sistema.
Verificación obligatoria
Ningún servidor puede usar información de IA como verdadera sin verificarla independientemente. Las ‘alucinaciones’ de IA —información falsa que parece veraz— son un riesgo real y documentado en jurisprudencia de otros países.
Declaración
del uso de IA
Es obligatorio declarar en todo documento procesal cuándo y cómo se usó la IA. Esta declaración no es una sanción: es un estándar de transparencia.
Prohibición de IA en testimonios en lenguas indígenas
Está prohibido usar IA para traducir o analizar testimonios en quichua, shuar u otras lenguas indígenas. Es obligatorio contar con un intérprete o perito cultural certificado. Esta prohibición es única a nivel mundial.
Y también hay disposiciones específicas para cada servidor judicial.
Así, a los jueces se les prohíbe motivar decisiones con algoritmos, valorar credibilidad con IA y perfilar personas. Sí se les permite buscar jurisprudencia, así como corregir y traducir escritos procesales con herramientas autorizadas.
A los fiscales, en tanto, se les prohíbe usar la IA para perfilar personas investigadas sin supervisión humana real, fundamentar prisión preventiva en resultados algorítmicos e ingresar datos de investigaciones en herramientas no autorizadas. Sí se les permite en análisis de grandes volúmenes de evidencia digital, clasificación de denuncias y transcripción de documentos.
Los defensores públicos deben solicitar información sobre cualquier IA usada en el proceso, identificar y denunciar sesgos algorítmicos y ejercer contradicción cuando la IA afecte a su representado. Sí pueden usar IA para fortalecer argumentaciones, analizar evidencia en causas complejas e identificar inconsistencias en la evidencia de cargo.
Y, finalmente, al personal administrativo se le prohíbe ingresar datos personales de servidores en herramientas no autorizadas y procesar información institucional reservada en herramientas públicas. Asimismo, están obligados a declarar el uso de la IA en documentos que afecten derechos de ciudadanos o servidores.
El documento contiene dos tipos de disposiciones: las prohibiciones expresas, o sea que son de cumplimiento obligatorio e inmediato; y lineamientos orientadores, o sea, criterios para tomar mejores decisiones.
Según los cronogramas internos del Comité de Ética, en las próximas semanas se espera que el CJ apruebe el protocolo vía resolución para que pueda exigirse su cumplimiento, y que se realice la publicación de las herramientas de IA autorizadas para el uso de la Función Judicial.
El uso de la inteligencia artificial es común en muchos ámbitos de la vida del ser humano, entre ellos la aplicación de la justicia. Foto generada con IA
“Es una iniciativa valiosa, pero...”
Para los juristas César García y Paul Egred, esta iniciativa de protocolo de uso de la IA es “valiosa”, pero tiene puntos que pueden considerarse polémicos.
