El concurso para designar al fiscal general del Estado enfrenta cuestionamientos técnicos que comprometen la confianza ciudadana en el proceso
El concurso para designar al fiscal general del Estado enfrenta cuestionamientos técnicos que comprometen la confianza ciudadana en el proceso. Cada observación sobre requisitos, metodología, calificación, transparencia o aplicación de las reglas introduce dudas sobre la legitimidad de sus decisiones.
La Fiscalía requiere una autoridad cuya designación reúna condiciones verificables de mérito, independencia y transparencia. El concurso constituye el mecanismo establecido para alcanzar ese propósito. Por ello, cualquier inconsistencia técnica exige explicaciones claras, documentación accesible y respuestas oportunas de los responsables del proceso.
Las instituciones encargadas del concurso deben asumir que la credibilidad depende tanto del resultado como de la forma en que se toman las decisiones. Un procedimiento sujeto a observaciones sin respuestas suficientes deja espacio para interpretaciones que afectan la percepción pública sobre la imparcialidad de la selección. El hecho de que un mismo abogado interponga hasta ocho impugnaciones contra una de las candidatas mejor puntuadas y por razones que no -necesariamente- atañen su desempeño como jueza, sino a las debilidades del sistema de justicia existente, ya genera desconfianza entre quienes están pendientes de cada fase de este proceso. Otro hecho que llama la atención es que un joven tatuador, de 19 años, haya impugnado a ocho postulantes.
La ciudadanía tiene derecho a conocer los criterios aplicados a cada etapa. También requiere información sobre las razones que sustentan las decisiones de los órganos responsables. La transparencia no consiste solo en publicar documentos. Exige que las reglas resulten comprensibles y que su aplicación mantenga coherencia durante todo el concurso. Los cuestionamientos técnicos merecen tratamiento institucional, no respuestas políticas. Cada observación debe recibir una explicación sustentada en normas, informes y evidencias verificables. Si existe un error, corresponde corregirlo conforme al procedimiento. Si la actuación cuestionada resulta válida, corresponde explicar sus fundamentos. El eventual nombramiento del fiscal general necesita una base institucional sólida. La persona que ocupe ese cargo enfrentará investigaciones, decisiones y actuaciones que demandarán confianza en su independencia. Esa confianza empieza con el proceso que determine su llegada a la Fiscalía.
El concurso todavía puede recuperar credibilidad si sus responsables transparentan cada cuestionamiento, explican las decisiones adoptadas y garantizan igualdad de condiciones para los postulantes. La sociedad no exige un proceso sin observaciones; exige respuestas técnicas, reglas claras y decisiones sustentadas.