QUITO (15-09-2026).- Reunión de integrantes del CJ con jueces de la Unidad Penal de Iñaquito por el tema de la Unidad Anticorrupción que fue suprimida. Cortesía CJ / EL UNIVERSO Foto: Cortesía
Una semana ha pasado desde que el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió suprimir las dependencias judiciales especializadas para el juzgamiento de delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado o como se les conocía: Unidades Anticorrupción, y sigue tratando de aterrizar en la práctica la resolución aprobada por unanimidad el 7 de octubre pasado.
Según el CJ, la reestructuración dispuesta mediante la Resolución 187-2026 no elimina la capacidad especializada para conocer delitos de corrupción y crimen organizado, sino que permite ampliar y optimizar la respuesta judicial. “Frente al déficit de jueces y la carga procesal pasamos de 19 a 50 jueces penales capacitados y habilitados para conocer estas causas, fortaleciendo la cobertura y capacidad de respuesta”, señaló la Judicatura.
La decisión adoptada por la presidenta del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, Mercedes Caicedo, y los vocales Magally Ruiz, Alfredo Cuadros, Damián Larco y Fabián Fabara incluye modificar las competencias en razón de la materia y territorio de las dependencias judiciales penales, con sede en las parroquias Iñaquito y La Mariscal, y la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
Como parte del proceso que lleva adelante el CJ, por ejemplo, se conoció que la noche del pasado lunes, 14 de septiembre, la mayoría de los jueces que integraban la Unidad Anticorrupción empezaron a ser notificados de su traslado administrativo a la Unidad Judicial de Quitumbe, en el sur de la capital. Se les habría informado así que dejarían el espacio físico que ocupaban en el segundo piso del Complejo Judicial Norte, en Quito.
Hasta el momento desde la Judicatura no se ha dado a conocer el número de jueces que fueron notificados, las dependencias judiciales en que fueron reubicados, las razones para los cambios a esas dependencias o si será temporal este traslado, pues la resolución habla de que se modifican las competencias en razón de la materia y territorio de las dependencias judiciales penales, con sede en las parroquias Iñaquito y La Mariscal, y la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
Ante consultas realizadas por Diario EL UNIVERSO para confirmar lo ocurrido en esta últimas horas se nos explicó que es posible que en las próximas horas podría emitirse un pronunciamiento oficial sobre este y otros temas.
Para socializar la resolución adoptada, el pasado lunes, la presidenta Caicedo, los vocales Ruiz, Fabara y Cuadros y funcionarios de varias direcciones del CJ se reunieron con jueces de la Unidad Judicial Penal de Iñaquito. Ahí se habrían expuesto desde la autoridad judicial las acciones tomadas para equilibrar la carga procesal, optimizar la gestión, el talento humano, las capacidades y la seguridad.
“Esta articulación es un paso fundamental frente al proceso de reestructuración del modelo de juzgamiento de casos de corrupción y crimen organizado, que tiene como objetivo asegurar una mayor capacidad operativa para la sanción de delitos complejos”, explicó en un comunicado desde el CJ sobre la reunión.
Mientras tanto, otro aspecto en el que se avanzaría es el análisis para la distribución física que se daría en el segundo piso del Complejo Judicial Norte, en Quito, lugar en el que funcionaba hasta la semana pasada la Unidad Anticorrupción. Tentativamente se creería que en ese espacio del segundo piso se ubiquen los tribunales penales y en el cuarto piso del Complejo los jueces de Unidad Penal, los cuales arrancan los procesos hasta la etapa de evaluación y preparatoria de juicio.
En cambio, se esperaría que en las dependencias judiciales de la parroquia La Mariscal, en la Unidad de Flagrancia, se quedarían los jueces para recibir cualquier tipo de flagrancias y en la Corte Provincial de Justicia para las diligencias de apelación, entre otras. (I)