El Gobierno de Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción por 60 días en ocho provincias y tres cantones.
El Gobierno de Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción por 60 días en ocho provincias y tres cantones. La medida incluye la suspensión de la inviolabilidad de domicilio y correspondencia. Además, desde el 17 hasta el 30 de septiembre regirá un toque de queda entre las 00:00 y las 05:00 en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro.
La decisión responde al escenario de violencia criminal que afecta al país. El Ejecutivo sostiene que la restricción de movilidad permitirá ampliar las operaciones de seguridad contra las estructuras delictivas. La presencia conjunta de Policía y Fuerzas Armadas durante las horas de mayor restricción busca limitar desplazamientos vinculados con actividades criminales.
La expectativa ciudadana apunta a una reducción de homicidios, atentados, extorsiones y otros delitos. Esa expectativa requiere resultados verificables. Un toque de queda puede facilitar controles territoriales durante determinadas horas, aunque no resuelve por sí solo las condiciones que permiten la expansión de las organizaciones criminales.
La reiteración de estados de excepción y restricciones nocturnas plantea, además, una pregunta necesaria: ¿qué medidas permanentes acompañarán estas disposiciones? La respuesta exige acciones contra las economías ilícitas, control efectivo de las cárceles, inteligencia policial, investigación criminal, persecución del lavado de activos y fortalecimiento de la justicia.
El Oro merece una atención específica. La provincia forma parte del toque de queda y del estado de excepción, dentro de un escenario que registra ataques armados, homicidios y hechos vinculados con organizaciones criminales. La restricción nocturna puede generar condiciones para operaciones focalizadas, aunque la seguridad cotidiana requiere presencia institucional durante las 24 horas.
El Gobierno enfrenta, por tanto, una exigencia concreta: convertir las facultades extraordinarias en resultados medibles. La ciudadanía necesita conocer cuántos operativos ocurrirán, cuántas estructuras criminales quedarán desarticuladas, cuántas armas ingresarán a custodia estatal y cuál será el comportamiento de los homicidios durante y después de la medida.
El toque de queda constituye una herramienta excepcional. El estado de excepción también. Su utilidad dependerá de la capacidad institucional para acompañarlos con investigación, prevención, justicia y control territorial. La seguridad no puede depender de restricciones periódicas. Requiere una política sostenida, con objetivos definidos, evaluación pública y resultados que permitan determinar su eficacia.