Para las 08:00 del próximo 22 de septiembre fue convocada la audiencia de apelación a la prisión preventiva que solicitaron ocho procesados en el caso Goleada, entre ellos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y el asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Raúl Chávez.
Para las 08:00 del próximo 22 de septiembre fue convocada la audiencia de apelación a la prisión preventiva que solicitaron ocho procesados en el caso Goleada, entre ellos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y el asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Raúl Chávez.
Además de Alvarez y Chávez, los investigados que solicitaron la apelación son Xavier y Antonio Alvarez Henriques, hermanos del alcalde; Fernando Xavier y Andrés Viteri Henriques, primos de Aquiles Alvarez; Fernando Patricio Peñaherrera y César Emilio Bravo.
El juez Wilson Enrique Lema (ponente) citó a la diligencia de manera telemática a través de la plataforma Zoom. El tribunal de la Sala Penal para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha también está conformado por los jueces Edwin Paúl Pérez Reina y Patricio Ricardo Vaca Nieto.
En el caso Goleada hay 17 personas naturales y nueve empresas investigadas por el delito de lavado de activos. La Fiscalía acusa al alcalde y a su familia de supuestamente conformar una estructura empresarial relacionada con operaciones financieras y comerciales derivadas de la comercialización irregular de combustibles que habría servido para lavar dinero.
De las personas que apelaron la prisión preventiva, solo Aquiles Alvarez se encuentra detenido. El alcalde, que tiene dos sentencias de primera instancia en su contra por los casos Grillete y Triple A, permanece en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena; mientras que los otros siete procesados se encuentran prófugos de la justicia y con orden de captura, en el caso de Antonio y Xavier Alvarez, Peñaherrera y Bravo.
El caso Goleada se encuentra en la fase de evaluación y preparatoria de juicio, cuya audiencia fue suspendida el pasado 8 de septiembre. Actualmente, la causa se encuentra sin un juez a cargo luego de que la nueva jueza sorteada para este proceso, Ana Lucía Cevallos Ballesteros, se inhibió de conocer el caso y devolvió el expediente al juez Sebastián Cornejo, quien previamente se apartó del caso debido a la resolución del Consejo de la Judicatura (CJ) de suprimir la Unidad Especializada Anticorrupción.