Desconectar del Sistema Nacional Interconectado a las empresas de mediano y alto voltaje, con intervención de la fuerza pública, exige una explicación.
Desconectar del Sistema Nacional Interconectado a las empresas de mediano y alto voltaje, con intervención de la fuerza pública, exige una explicación. ¿Por qué el sector productivo recibe un trato que evoca una sanción, cuando su actividad sostiene empleos, genera tributos, aporta divisas y mantiene en movimiento la economía nacional?
¿Qué responsabilidad tienen las empresas en la falta de generación eléctrica, el deterioro de la infraestructura o la ausencia de mantenimiento oportuno? Si el origen de los apagones responde a fallas de planificación, decisiones tardías o deficiencias en la gestión del sistema eléctrico, el Estado debe identificar a los responsables y explicar las medidas correctivas. Trasladar el costo de esas deficiencias a quienes producen no resuelve el problema de fondo.Las empresas necesitan energía para operar, cumplir contratos, procesar materias primas, conservar productos y atender mercados nacionales e internacionales. Estar sin electricidad compromete sus ingresos, altera sus procesos, encarece sus operaciones y amenaza puestos de trabajo. En sectores exportadores, las interrupciones también afectan compromisos comerciales y la confianza de los compradores. La reducción de la actividad productiva repercute sobre proveedores, transportistas, trabajadores y familias que dependen de esos ingresos. La intervención de la fuerza pública para ejecutar una desconexión eléctrica añade otra preocupación: la respuesta estatal ante una crisis económica no puede limitarse a imponer medidas coercitivas. La autoridad debe explicar su fundamento jurídico, los criterios técnicos de aplicación, la duración de las restricciones y las garantías para las empresas afectadas. La seguridad energética requiere decisiones transparentes, no actuaciones que alimenten la incertidumbre. Nadie desconoce la necesidad de administrar una oferta eléctrica insuficiente ni la obligación de proteger el suministro para los hogares y los servicios esenciales. Esa responsabilidad exige planificación, información verificable, distribución razonada de las restricciones y rendición de cuentas. Demanda una evaluación de las consecuencias económicas antes de ordenar interrupciones que comprometan la producción. El Gobierno debe responder por la gestión del sistema eléctrico, presentar las medidas de mantenimiento y recuperación, informar sobre la disponibilidad real de generación y establecer responsabilidades conforme a pruebas. Si las fallas provienen de decisiones estatales, ningún operativo puede sustituir la explicación pública. La crisis exige soluciones técnicas y responsabilidades claras, no la presunción de culpabilidad contra quienes sostienen parte esencial de la economía ecuatoriana.