Elías Carrillo Ayala
En el debate económico ecuatoriano persiste la premisa de que formalizar la economía exige montos astronómicos.
Cálculos tradicionales estiman que crear una plaza laboral formal requiere inversiones desde $6.500 en servicios hasta $254.500 en sectores extractivos, con un promedio de $48.700 por puesto. Bajo esta lógica, formalizar a los más de 5 millones de trabajadores informales demandaría más de $243.000 millones, una cifra que duplica el Producto Interno Bruto nacional.
Esta perspectiva omite una realidad fundamental: el trabajador informal ya está operando en la economía; cuenta con activos, herramientas, infraestructura básica y capital de trabajo en el territorio. Lo que le impide cruzar la barrera de la formalidad no es la falta de herramientas, sino un marco institucional que encarece la contratación, una excesiva carga prestacional rígida y la desconexión del sistema financiero formal.
La liquidez en la economía ecuatoriana alcanzó la cifra récord de $104.713 millones en la masa monetaria total (M2), con una cartera de crédito productivo creciendo al 16,7% hasta llegar a $27.260 millones; sin embargo, este flujo financiero enfrenta un cuello de botella estructural: las grandes empresas, que representan apenas el 3% del tejido empresarial (4.284 unidades), concentran el 80% de las ventas totales del país. En contraste, las microempresas abarcan el 69% del universo productivo (105.502 negocios), pero facturan apenas el 1% de las ventas nacionales.
El verdadero costo de esta desconexión lo asume directamente la ciudadanía; en Ecuador, el 33,4% del gasto en salud sale directamente del bolsillo de los hogares. Esta cifra se vuelve crítica en los sectores más vulnerables: en el decil más pobre de la población, únicamente el 9,6% cuenta con algún tipo de seguro médico, obligando a los trabajadores informales a destinar parte de sus ajustados ingresos diarios a cubrir emergencias de salud y medicamentos.
El desafío de la formalización en Ecuador no radica en acumular miles de millones en maquinaria nueva, sino en redistribuir el acceso a la liquidez, flexibilizar la contratación según los ciclos productivos y estructurar mecanismos de protección social accesibles para la microeconomía.