Luis B., de 31 años, recibió prisión preventiva dentro de la investigación por un presunto caso de extorsión contra una comerciante de 37 años en Machala.
Luis B., de 31 años, recibió prisión preventiva dentro de la investigación por un presunto caso de extorsión contra una comerciante de 37 años en Machala.
La decisión fue adoptada por una jueza durante la audiencia de formulación de cargos.
En tanto, el repartidor de encomiendas puerta a puerto, Mario M., de 42 años, recuperó la libertad en este caso por la ausencia de elementos de convicción que determinen el nivel de participación en la investigación.
Según el expediente del caso, la comerciante denunció que recibía llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp en los que le exigían 5.000 dólares bajo amenazas de muerte.
Según su testimonio, las intimidaciones también estaban dirigidas contra sus familiares y continuaron incluso después de que cambiara su número telefónico.
De acuerdo con los elementos expuestos durante la audiencia, la víctima habría entregado 30 dólares mediante un encargo que debía ser retirado por una persona que prestaba servicios de entrega a domicilio.
En su testimonio ante el juez, el repartidor que acudió a recogerlo manifestó que debía entregar el paquete a Luis B., identificado en el caso como uno de los procesados.
En la audiencia, se expusieron elementos relacionados con las presuntas amenazas, entre ellos mensajes enviados por WhatsApp y referencias a fotografías y videos del negocio, el vehículo y otras actividades comerciales de la afectada.
La mujer indicó que conocía a Luis B. porque había sido cliente de su establecimiento, aunque aclaró que no podía afirmar, por conocimiento directo, que él fuera quien le enviaba los mensajes intimidatorios.
En cuanto a la situación jurídica de los procesados, la jueza ordenó la prisión preventiva contra Luis B. y dispuso la emisión de la correspondiente boleta de encarcelamiento.
El repartido, Mario M., quedó en libertad. Según lo expuesto en la audiencia, su vinculación con el caso se relacionaba con el encargo que habría recibido para realizar una entrega, por lo que los elementos sobre su posible participación debían ser contrastados con el resto de las evidencias.
La resolución también incluyó medidas de protección a favor de la comerciante y de Mario M. Entre ellas constan la prohibición de acercamiento a las personas protegidas, la restricción de concurrir a determinados lugares y la prohibición de real.