Arribo al aeropuerto de Latacunga de la excandidata presidencial Luisa González, procesada dentro de caso "Laberinto". API / William López Foto: William López
Luisa González salió del Cuartel Modelo de Guayaquil alrededor de las 16:05 de este viernes 23 de octubre y fue trasladada por vía aérea hacia Latacunga, en Cotopaxi. Su arribo a esa ciudad se habría producido pasadas las 19:00. Desde allí se prevé que continúe el recorrido por vía terrestre hasta el Centro de Privación de Libertad de Riobamba, en la provincia de Chimborazo, donde cumpliría la orden de prisión preventiva dictada en su contra.
El traslado se produce después de una audiencia de formulación de cargos dentro del denominado caso Laberinto, una investigación de la Fiscalía General del Estado por presunto lavado de activos vinculado al financiamiento de la campaña presidencial de Revolución Ciudadana en 2023.
El juez Harry Navarrete dispuso prisión preventiva para González, el excolaborador de campaña Santiago Díaz Asque y Wendy Onofre Gaibor. Para Estefanía Molina Freire se establecieron medidas cautelares alternativas: presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y uso de un dispositivo de vigilancia electrónica. La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días.
La investigación por el caso Laberinto
La Fiscalía investiga el presunto uso de recursos de origen ilícito para financiar actividades de la campaña presidencial anticipada de 2023 de Revolución Ciudadana, Lista 5, en la que González fue candidata junto con Andrés Arauz.
Según la hipótesis expuesta por la Fiscalía durante la audiencia, el movimiento político habría recibido fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de hidrocarburos. La investigación se centra en el origen y la justificación de los aportes económicos, así como en gastos de publicidad electoral que presuntamente no fueron reportados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
En ese esquema habría intervenido la compañía Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S. A., relacionada con el entorno empresarial de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. La Fiscalía señaló que tanto Álvarez como la compañía registran una sentencia condenatoria de primera instancia en el caso Triple A, relacionado con la comercialización ilegal de derivados de hidrocarburos. (I)