El pleno de la Asamblea Nacional conocerá este martes, 27 de octubre, a las 10:00, el informe final de fiscalización sobre los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes y prefectos, elaborado por la Comisión de Gobiernos Autónomos.
El pleno de la Asamblea Nacional conocerá este martes, 27 de octubre, a las 10:00, el informe final de fiscalización sobre los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes y prefectos, elaborado por la Comisión de Gobiernos Autónomos.
El documento identifica 95 expedientes en las categorías de alerta roja y naranja, que representan el 37,85 % del total evaluado, y plantea que las instituciones de control profundicen las verificaciones sobre estos casos.
La investigación estuvo dirigida a las autoridades seccionales del periodo 2023-2027. Aunque el universo corresponde a 245 dignidades (222 de nivel cantonal y 23 de nivel provincial), el informe contabiliza 251 expedientes individuales porque incluye a titulares, subrogantes y reemplazos temporales que ejercieron esos cargos durante el periodo fiscalizado.
De acuerdo con los resultados, 41 expedientes, equivalentes al 16,33 %, están clasificados con alerta roja; otros 54, que representan el 21,51 %, tienen alerta naranja. A estos se suman 90 expedientes con alerta verde (35,86 %) y 66 que constan en la categoría sin alerta o por verificar (26,29 %).
El informe advierte que las alertas roja y naranja requieren atención prioritaria de las instituciones competentes. Sin embargo, la clasificación no demuestra por sí misma la existencia de un delito ni determina la responsabilidad de las autoridades involucradas.
Cinco fuentes de información para evaluar los patrimonios
La comisión aplicó una metodología que cruza información de cinco fuentes de control estatal y la complementa con denuncias ciudadanas respaldadas por documentos. El objetivo fue comparar la evolución de los bienes y las deudas de las autoridades con sus ingresos salariales.
Las fuentes incluyen las declaraciones patrimoniales y los exámenes de auditoría de la Contraloría General del Estado; las investigaciones de la Fiscalía General del Estado; los procesos registrados en el Consejo de la Judicatura; y la información tributaria del Servicio de Rentas Internas (SRI). A estas se suman las denuncias recibidas mediante el canal ciudadano que abrió la mesa legislativa.
Con el cruce de estos datos, el informe establece cuatro categorías. La alerta roja reúne expedientes con señales de mayor gravedad o con alertas coincidentes en distintas instituciones. La naranja identifica situaciones que requieren comprobaciones adicionales, como investigaciones activas, auditorías en curso o denuncias documentadas. La verde agrupa casos con observaciones de menor nivel que necesitan seguimiento. Mientras que la categoría sin alerta incluye expedientes sin desviaciones detectadas o con registros que deben comprobarse.
Para proteger la identidad de las autoridades y no afectar las investigaciones en curso, el documento utiliza claves en lugar de nombres. Las identificaciones terminadas en “PREF” corresponden al nivel provincial, mientras que las claves cantonales incluyen la letra “C” seguida de un número. Cada clave representa una dignidad y puede abarcar tanto al titular como a quien lo reemplazó temporalmente.
Alerta roja: 41 expedientes
La categoría de mayor prioridad reúne 41 expedientes: 7 provinciales y 34 cantonales. En este grupo, el informe identifica variaciones patrimoniales que requieren revisión, actuaciones de auditoría con posibles indicios de responsabilidad penal, investigaciones fiscales o judiciales y situaciones relacionadas con el cumplimiento de obligaciones tributarias.
Las siete claves provinciales clasificadas en alerta roja son P01-PREF, P04-PREF, P05-PREF, P06-PREF, P15-PREF, P22-PREF y P23-PREF.
En el nivel cantonal, las claves incluidas son P07-C08, P06-C10, P24-C03, P07-C07, P01-C12, P09-C04, P07-C10, P13-C18, P10-C03, P05-C01, P08-C03, P13-C03, P17-C02, P12-C02, P06-C02, P09-C22, P07-C13, P04-C02, P06-C03, P01-C03, P02-C05, P06-C07, P11-C14, P19-C08, P14-C09, P06-C08, P09-C18, P18-C07, P19-C09, P12-C01, P21-C01, P09-C25 y P04-C06.
El informe precisa que la clave P19-C08 incluye registros correspondientes al titular y a su reemplazo.
Para este grupo, se propone remitir los expedientes a la Fiscalía para que determine si existen elementos suficientes para iniciar o impulsar investigaciones. También se plantea que la Contraloría realice auditorías y verificaciones en campo, y que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) examine posibles movimientos de dinero inusuales, activos en el exterior y eventuales mecanismos utilizados para ocultar la propiedad de bienes.
Alerta naranja: 54 expedientes
La alerta naranja comprende 54 expedientes: 5 provinciales y 49 cantonales. Esta categoría representa el 21,51 % del total analizado y reúne casos que, según el informe, requieren comprobaciones administrativas, tributarias y financieras.
Las claves provinciales son P10-PREF, P14-PREF, P12-PREF, P09-PREF y P21-PREF.
En el nivel cantonal, constan las claves P14-C09, P13-C13, P11-C05, P13-C15, P18-C02, P12-C12, P04-C05, P09-C20, P14-C08, P01-C08, P17-C06, P03-C02, P19-C03, P11-C14, P08-C07, P22-C04, P07-C05, P05-C06, P09-C16, P11-C02, P18-C04, P12-C05, P21-C06, P12-C04, P17-C04, P10-C05, P13-C10, P23-C01, P10-C04, P02-C07, P08-C01, P09-C24, P09-C06, P24-C01, P13-C08, P13-C19, P18-C01, P07-C03, P21-C02, P06-C05, P10-C02, P09-C11, P09-C02, P09-C01, P09-C21, P21-C05, P01-C05, P01-C01 y P20-C03.
El documento recomienda enviar la información a la Fiscalía para que evalúe si corresponde iniciar investigaciones.
También plantea que el SRI revise posibles diferencias entre ingresos, patrimonio y consumos, y que la Contraloría profundice las verificaciones. Al igual que en la alerta roja, se propone que la UAFE rastree los movimientos financieros y examine posibles bienes o capitales cuyo origen no esté justificado.
Alerta verde: seguimiento preventivo
La categoría verde comprende 90 expedientes, equivalentes al 35,86 % del total. Según el informe, estos casos presentan observaciones de menor nivel, como variaciones patrimoniales que deben revisarse, pero que se mantienen dentro de la capacidad teórica de acumulación de ingresos salariales o situaciones que pueden aclararse mediante controles ordinarios.
El documento menciona las claves cantonales P01-C11, P06-C09 y P17-C07, que fueron reclasificadas de alerta naranja a verde después de la presentación de documentación para aclarar sus registros.
Para este grupo, se plantea que la Contraloría programe revisiones preventivas dentro de su plan ordinario de auditorías. Además, las autoridades deben ser notificadas para que conozcan las observaciones y puedan presentar documentos que aclaren o corrijan posibles inconsistencias.
El informe establece que estos expedientes no deben remitirse a la Fiscalía ni a la UAFE para investigaciones penales por el solo hecho de estar en esta categoría.
Sin alerta: 66 expedientes
La última categoría reúne 66 expedientes, equivalentes al 26,29 % del total. El informe incluye aquí a las autoridades cuyos bienes declarados guardan correspondencia con sus ingresos salariales y que no registran las alertas consideradas por la metodología.
También constan casos en los que se identificaron posibles errores informáticos en los formularios patrimoniales o en los que las autoridades presentaron documentos para justificar la información registrada.
Entre las claves provinciales mencionadas están P13-PREF, P08-PREF, P18-PREF, P07-PREF, P11-PREF y P24-PREF. El documento también incluye 60 alcaldías cantonales en esta categoría.
La recomendación es que la Contraloría revise directamente los formularios originales para comprobar si existen errores en los registros digitales. Si se confirma que la información es consistente, se plantea archivar las actuaciones correspondientes.
Conclusiones y recomendaciones
El informe concluye que 95 de los 251 expedientes revisados requieren atención prioritaria por parte de las instituciones de control, mientras que los otros 156 se ubican en las categorías de alerta verde o sin alerta. La comisión considera necesario profundizar la revisión de los patrimonios de las autoridades seccionales para fortalecer la transparencia en la administración pública.
Entre sus recomendaciones consta la aprobación integral del informe por parte de la Asamblea Nacional y la remisión a la Fiscalía de las denuncias ciudadanas documentadas, así como de los antecedentes sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas e incrementos patrimoniales que aún no cuentan con auditorías concluidas.
También se propone solicitar a la UAFE investigaciones financieras sobre los expedientes rojos y naranjas, con el propósito de identificar movimientos de dinero inusuales, posibles activos en jurisdicciones de baja tributación y eventuales mecanismos para ocultar la propiedad de bienes.
Finalmente, el documento recomienda que la Fiscalía, la Contraloría y la UAFE informen a la Asamblea Nacional, en un plazo de 15 días, sobre el inicio y avance de las investigaciones o procedimientos adoptados. La información personal, tributaria y judicial protegida por la ley, así como los datos de familiares, terceros vinculados y denunciantes, deberá mantenerse bajo reserva.