La decisión del Ministerio de Agricultura de fijar en $7,52 el Precio Mínimo de Sustentación (PMS) de la caja de banano para 2027, tras la falta de consenso entre productores y exportadores, deja una cuestión central para el sector: la sostenibilidad económica de la actividad depende tanto del valor oficial como del cumplimiento efectivo de ese pago durante todo el año.
La decisión del Ministerio de Agricultura de fijar en $7,52 el Precio Mínimo de Sustentación (PMS) de la caja de banano para 2027, tras la falta de consenso entre productores y exportadores, deja una cuestión central para el sector: la sostenibilidad económica de la actividad depende tanto del valor oficial como del cumplimiento efectivo de ese pago durante todo el año.
Los productores solicitaron $8,50 por caja, mientras los exportadores plantearon $7,43. Ante la ausencia de un acuerdo, el Ministerio estableció un precio de $7,52, dos centavos por encima del valor anterior, un incremento del 0,26 %.
El precio mínimo responde a la necesidad de cubrir los costos de producción y ofrecer ingresos que permitan mantener las plantaciones, remunerar a los trabajadores, adquirir insumos y cumplir las obligaciones de cada ciclo agrícola. Su eficacia depende de una condición indispensable: que los exportadores paguen el valor establecido y que los productores reciban el monto correspondiente por cada caja comercializada.
De nada sirve reclamar tarifas superiores si el sector carece de mecanismos capaces de garantizar su cumplimiento en temporada alta y baja. La producción bananera enfrenta variaciones en la demanda, diferencias en los volúmenes de compra y cambios en las condiciones comerciales. Esas circunstancias no deben convertirse en argumentos para desconocer el precio mínimo ni para trasladar al productor los riesgos de la actividad exportadora.
El Estado, por tanto, necesita fortalecer los controles, verificar las liquidaciones y sancionar los incumplimientos comprobados y mejorar procesos de entrega de fertilizantes, kits y demás acciones compensatorias.
La discusión entre productores y exportadores revela intereses económicos distintos, pero la política pública no puede limitarse a establecer una cifra cada año. Hace falta evaluar los costos reales de producción, la evolución de los insumos, las condiciones del mercado internacional y la capacidad de cada eslabón para sostener la actividad.
El nuevo precio de $7,52 merece una evaluación desde sus efectos concretos. La sustentabilidad del banano ecuatoriano exige reglas claras, fiscalización y seguridad de pago. El productor necesita conocer cuánto recibirá por su trabajo, no solo cuánto dispone la resolución ministerial. Sin cumplimiento verificable, el precio mínimo pierde eficacia y la estabilidad del sector queda expuesta a las condiciones impuestas en cada operación comercial.