El Pleno de la Asamblea Nacional, este jueves 29 de octubre, conocerá y resolverá el informe que examina las denuncias sobre las condiciones laborales de las llamadas “hormiguitas chúas” y posibles irregularidades en los contratos de la Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca (EMAC EP).
El Pleno de la Asamblea Nacional, este jueves 29 de octubre, conocerá y resolverá el informe que examina las denuncias sobre las condiciones laborales de las llamadas “hormiguitas chúas” y posibles irregularidades en los contratos de la Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca (EMAC EP).
El documento, elaborado por la comisión legislativa del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, presidida por el asambleísta Ecknner Recalde (ADN), advierte posibles casos de tercerización laboral, incumplimientos en el pago de salarios y aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), así como dudas sobre la forma en que se adjudicaron y supervisaron varios contratos de limpieza.
La comisión sostiene que la EMAC EP habría recurrido a empresas privadas para realizar tareas de barrido de calles, limpieza de veredas y mantenimiento de parques, pese a que esas actividades, según su análisis, deberían ejecutarse con personal contratado directamente por la empresa pública.
El informe contiene conclusiones y recomendaciones para que distintas instituciones investiguen los hechos y determinen si existieron irregularidades. Por ahora, las observaciones de la comisión no representan una decisión definitiva sobre las posibles responsabilidades de las personas o empresas involucradas.
Denuncias de los trabajadores
La fiscalización comenzó en junio de 2026, cuando el asambleísta Anthony Becerra (ADN) pidió a la Asamblea investigar la situación laboral de las “hormiguitas chúas”, ante las denuncias de precariedad laboral, tercerización y posibles abusos.
Durante las comparecencias, el abogado de los trabajadores señaló que el problema se remonta a la creación de la EMAC EP, en 1998. Según su versión, durante aproximadamente 28 años distintas administraciones habrían mantenido un sistema de contratación mediante empresas privadas, lo que habría afectado las condiciones laborales de quienes realizan las tareas de limpieza.
Entre las denuncias constan retrasos en el pago de salarios, aportes pendientes al IESS, multas consideradas excesivas, presunta falsificación de firmas, cobros de dinero o exigencias de regalos, posibles casos de acoso sexual y despidos de trabajadores que sufrieron accidentes.
El abogado señaló posibles responsabilidades de las empresas contratistas y de la EMAC EP por la falta de control sobre el cumplimiento de los contratos.
Estas denuncias deberán ser verificadas por las instituciones competentes para establecer si existieron infracciones y quiénes serían responsables.
Trabajadoras se quedaron sin ingresos
Durante las comparecencias ante la comisión, varias trabajadoras explicaron las dificultades económicas que enfrentan por los retrasos en los pagos y la terminación de sus contratos.
Una de ellas relató que muchas madres de familia dependen de este empleo para mantener a sus hogares y que, al quedarse sin trabajo, perdieron sus ingresos.
La trabajadora también cuestionó que se hayan incorporado nuevas personas a la planta de la EMAC EP, mientras otras, que llevan años prestando el servicio, continúan sin ser contratadas directamente por la empresa pública.
Otra trabajadora describió los problemas ocasionados por los retrasos salariales, la falta de aportes al IESS y la entrega tardía de herramientas.
El informe recomienda investigar estas denuncias y tomar medidas para garantizar el pago de las obligaciones pendientes y proteger los derechos de los trabajadores afectados.
¿Por qué se cuestiona la tercerización?
Uno de los principales cuestionamientos de la comisión es que la EMAC EP habría contratado empresas privadas para realizar actividades que forman parte de sus funciones habituales.
Según el informe, la empresa pública fue creada para prestar servicios de aseo en Cuenca y, por tanto, debería contar con trabajadores contratados directamente para ejecutar esas tareas.
La comisión considera que entregar estas labores a compañías privadas, que contratan a su propio personal para cumplirlas, podría incumplir la prohibición de tercerización laboral establecida en el artículo 327 de la Constitución y en el Mandato Constituyente n.º 8.
La comisión aclara que el hecho de que los contratos se hayan realizado mediante procedimientos de contratación pública no elimina la necesidad de revisar si se incumplieron las normas laborales.
Por ello, recomienda al Ministerio del Trabajo revisar cada contrato y determinar si hubo tercerización prohibida. También plantea verificar si otros municipios del país cumplen las mismas reglas al contratar personal para el aseo de calles, veredas y parques.
Contratos por $ 11,6 millones bajo revisión
El informe también pone bajo observación la adjudicación de contratos de aseo municipal por un total de $ 11′657.577,34.
De los 16 contratos examinados, la comisión identificó posibles relaciones familiares o empresariales en 13. Según el documento, 11 contratos, por $ 8′259.109,34, presentan vínculos respaldados por información documental.
Entre los casos mencionados están los consorcios SM Zona A y Aloja, cuyos integrantes tendrían una relación de padre e hijo. Ambos están relacionados con contratos de recolección que suman $ 4′080.211,34. El informe advierte que podría haberse utilizado a una persona para ocultar quién estaba realmente detrás de uno de los contratos, una posibilidad que debe comprobarse.
También se mencionan posibles relaciones entre los consorcios Tarqui y Yanuncay, entre los hermanos Serrano León y en los contratos para el barrido de tres zonas urbanas, que fueron adjudicados a una misma persona.
Otros dos contratos, relacionados con el Consorcio TREE y el Centro Histórico, por $ 2′571.339, presentan coincidencias de apellidos que todavía deben verificarse. En los tres contratos restantes, por $ 827.129, no se encontraron vínculos.
La comisión también detectó posibles problemas en los requisitos exigidos a las empresas participantes y en las razones utilizadas para declarar desiertos algunos procesos de contratación.
Por eso, pide a las instituciones de control verificar la identidad de las personas involucradas y determinar si existieron acuerdos entre empresas, conflictos de interés u otras prácticas que pudieran afectar la competencia. La existencia de vínculos familiares o empresariales, por sí sola, no demuestra que se haya cometido una infracción.
Falta de control sobre los contratos
Otro de los problemas señalados es la supervisión de los contratos por parte de la EMAC EP. Según la información entregada por la Contraloría del Estado, ninguno de los 16 contratos examinados, suscritos después del 31 de mayo de 2023, habría sido sometido a una auditoría posterior.
El informe señala que, hasta el 14 de julio de 2026, seis contratistas todavía no habían sido inspeccionados por la autoridad laboral. Entre ellos están las empresas y consorcios que recibieron los dos contratos de mayor valor.
El documento también menciona sanciones laborales impuestas a dos consorcios encabezados por una misma persona, que concentró los contratos de barrido de las tres zonas urbanas.
La comisión recomienda que la Contraloría revise los procesos de contratación realizados entre 2023 y 2025, incluidos los requisitos exigidos a los participantes, las adjudicaciones y el control del dinero público utilizado para estos servicios.
¿Qué medidas propone el informe?
Una de las principales recomendaciones es que el Municipio de Cuenca y la EMAC EP terminen el estudio anunciado para contratar directamente a los trabajadores que realizan el barrido de calles, la limpieza de veredas y el mantenimiento de parques.
La comisión plantea que el estudio tenga plazos definidos y que, si se comprueba que existe el mismo problema en la recolección y el transporte de basura, también incluya a los trabajadores que realizan esas actividades.
Mientras se concreta una solución, recomienda exigir a las empresas contratistas que paguen los salarios y los aportes al IESS antes de recibir nuevos pagos por sus servicios. También pide buscar alternativas para que las trabajadoras que quedaron desempleadas puedan continuar laborando y revisar los mecanismos de contratación para evitar posibles cobros indebidos.
A la Contraloría se pide analizar los contratos y determinar si hubo fallas en los procesos de selección, adjudicación y supervisión. Al Ministerio del Trabajo le recomienda acelerar las inspecciones pendientes, revisar los pagos a los trabajadores y verificar las denuncias presentadas.
El informe también propone remitir la documentación a la Fiscalía General del Estado para que evalúe si corresponde abrir una investigación sobre las denuncias de presunto acoso sexual, cobros indebidos y posible ocultamiento de la identidad de quienes estarían detrás de determinados contratos.
Otras recomendaciones están dirigidas al Servicio Nacional de Contratación Pública, la Superintendencia de Competencia Económica, el IESS y otras instituciones, para que revisen los contratos, las relaciones entre las empresas y el cumplimiento de las obligaciones laborales.
Finalmente, la comisión plantea que la Asamblea exhorte al Municipio de Cuenca y a la EMAC EP a corregir los problemas detectados. También pide a los demás municipios del país revisar sus sistemas de contratación para garantizar que el personal de aseo y limpieza trabaje bajo las condiciones previstas en la ley.