La información difundida por el periodista Anderson Boscán sobre los presuntos vínculos del alcalde de Naranjal, Juan Carlos Rivera, con el crimen organizado plantea preguntas que las instituciones del Estado deben responder con hechos, documentos y decisiones sujetas a la ley
La información difundida por el periodista Anderson Boscán sobre los presuntos vínculos del alcalde de Naranjal, Juan Carlos Rivera, con el crimen organizado plantea preguntas que las instituciones del Estado deben responder con hechos, documentos y decisiones sujetas a la ley. El caso también expone una cuestión política: la distancia entre las responsabilidades que los partidos exigen a sus adversarios y las que asumen frente a sus propios aliados.
La investigación periodística provocó una reacción de Acción Democrática Nacional (ADN), organización que difundió un comunicado para retirar su respaldo al personero municipal. Esa decisión constituye una respuesta política, pero no resuelve las interrogantes sobre el contenido de las denuncias ni establece responsabilidades penales. La ruptura partidista tampoco reemplaza el trabajo de la Fiscalía ni las decisiones que corresponden a los jueces.
La pregunta central exige una explicación: ¿por qué las denuncias contra Rivera no derivan, hasta ahora, en una medida judicial como las que enfrentan otros alcaldes y exalcaldes de organizaciones opositoras?
La Fiscalía debe esclarecer si existen elementos para formular cargos y solicitar medidas cautelares. La prisión preventiva requiere presupuestos legales y no constituye una sanción anticipada.
La diferencia de respuestas políticas merece escrutinio. Si las autoridades impulsan acciones contra funcionarios de oposición ante indicios de posibles delitos, también deben actuar con diligencia cuando las denuncias alcanzan a figuras vinculadas con el oficialismo. La ley no distingue entre afiliaciones partidistas, y la persecución penal pierde legitimidad cuando la ciudadanía percibe criterios distintos para casos que considera semejantes.
El retiro del respaldo de ADN plantea, además, otra interrogante: ¿la organización desconocía los hechos antes de la publicación de los audios o reaccionó cuando el caso adquirió repercusión pública? La información disponible no permite afirmar que sus dirigentes conocían con anterioridad las presuntas conexiones. No obstante, el partido debe explicar sus mecanismos de selección, vigilancia y responsabilidad política sobre sus representantes.
El doble rasero aparece cuando la pertenencia política determina el nivel de exigencia, la velocidad de las respuestas o el respaldo institucional. Para descartar esa percepción, las autoridades deben explicar sus actuaciones con información pública y criterios jurídicos uniformes.
La justicia no puede funcionar según la conveniencia de una organización política ni según la identidad de quien ocupa una alcaldía.