Este domingo 1 de noviembre comenzó un nuevo toque de queda en cinco provincias del país, entre ellas El Oro
Este domingo 1 de noviembre comenzó un nuevo toque de queda en cinco provincias del país, entre ellas El Oro. La medida, dispuesta por el Gobierno, busca limitar la movilidad de las organizaciones criminales y facilitar las operaciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La expectativa es que esta restricción contribuya a reducir la violencia. Sin embargo, la realidad de El Oro obliga a mirar con preocupación la situación de seguridad. La provincia cerró octubre con 87 muertes violentas y acumula 960 en lo que va de 2026. Son cifras que reflejan la gravedad del problema y la necesidad de fortalecer las acciones para proteger a la población. Frente a este escenario, el toque de queda puede convertirse en una herramienta para ejecutar operativos y dificultar los movimientos de los grupos delictivos. El Gobierno ha destacado los resultados de la anterior restricción, con aprehensiones, decomiso de armas y droga, y cientos de operaciones. Estos esfuerzos son importantes, pero deben reflejarse en una reducción efectiva de los asesinatos. El desafío está en sostener las acciones más allá de los diez días de restricción. El Oro necesita investigaciones que permitan identificar a los responsables de los crímenes, combatir la extorsión, controlar la circulación de armas y desarticular las estructuras que operan en la provincia. La coordinación entre las instituciones de seguridad y justicia es fundamental para alcanzar estos objetivos. Las 960 muertes violentas registradas en el año también representan un llamado de atención para las autoridades. No basta con responder después de cada ataque; es necesario fortalecer la prevención, mejorar la inteligencia policial y evitar que los responsables queden en la impunidad. La ciudadanía necesita respuestas frente a una violencia que afecta a familias, comerciantes y trabajadores. El nuevo toque de queda coincide con el feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca. Por ello, las autoridades deben garantizar información clara sobre las restricciones, atención oportuna de emergencias y continuidad de los servicios esenciales. La ciudadanía, por su parte, debe cumplir las disposiciones y colaborar con las autoridades. Pero también tiene derecho a exigir resultados y transparencia sobre las acciones ejecutadas.