La jueza Peggy Kuo, del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, ordenó mantener bajo prisión preventiva a Francisco Bermúdez Cagua, alias Churrón, señalado como lugarteniente de Adolfo Macías Villamar, cabecilla de Los Choneros.
La jueza Peggy Kuo, del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, ordenó mantener bajo prisión preventiva a Francisco Bermúdez Cagua, alias Churrón, señalado como lugarteniente de Adolfo Macías Villamar, cabecilla de Los Choneros.
En la decisión, la jueza expuso varios factores para justificar la detención del procesado. Entre ellos constan antecedentes criminales, intentos previos de evadir a las autoridades y el historial de violencia o de uso de armas.
La jueza también consideró la falta de vínculos familiares o comunitarios significativos y la existencia de relaciones familiares importantes fuera de Estados Unidos.
La resolución fue emitida el 30 de octubre, un día después de su extradición desde Ecuador, pero su contenido se conoció en los registros judiciales publicados el 2 de noviembre.
Con los elementos expuestos, Kuo concluyó que ninguna condición de libertad garantizaría razonablemente la seguridad de otras personas ni la comparecencia del acusado ante la Corte.
La resolución también estableció que el procesado, por ahora, no logró desvirtuar la presunción legal de detención aplicable a su caso, relacionado con acusaciones por narcotráfico.
En la resolución se anotó de forma manuscrita que el acusado no habría presentado condiciones propuestas para su liberación.
Entre los antecedentes, en 2024, alias Churrón se fugó de la justicia cuando fue llevado desde una prisión al hospital Monte Sinaí de Guayaquil para un procedimiento por una apendicitis aguda. Desde ese entonces estuvo con paradero desconocido hasta que en julio de 2026 pudo ser capturado en un control militar en la Alborada, en el norte de Guayaquil.
Debido a su relevancia en el mapa criminal, Estados Unidos había ofrecido una recompensa de $ 5 millones por información que permita dar con su captura.
En Ecuador, Churrón había recibido una condena de 40 años de prisión por asesinato ocurrido en Manabí. Además, autoridades lo vinculan con actos violentos contra servidores públicos y civiles.
En otra resolución, emitida ese mismo día, consta que Fiscalía y la defensa de Churrón mantendrían diálogos para un posible acuerdo antes de que se resuelva el juicio.
La jueza dejó constancia que el proceso ha sido catalogado de complejo y autorizó excluir del cómputo de los plazos procesales hasta el 12 de enero de 2027.
En una tercera orden, también del 30 de octubre, la jueza estableció que la Fiscalía estadounidense deberá entregar a la defensa cualquier información que pueda favorecer al procesado, incluso aquella que permita cuestionar la credibilidad de los testigos de la acusación.
La resolución advirtió de posibles sanciones ante incumplimientos, entre ellas restricciones probatorias y, de ser el caso, la desestimación de cargos o anulación de condenas.
El pasado 29 de octubre, alias Churrón fue extraditado desde Ecuador a Estados Unidos. En el mismo vuelo fueron llevados Daniel Salcedo —sentenciado en casos de corrupción en el sistema de salud y justicia, y además procesado por el crimen del excandidato presidencial Fernando Villavicencio— y el exagente policial Ronald Herrera, quien ha sido vinculado en proceso de robo y lavado de activos y además es testigo protegido en el magnicidio del político mencionado.
En Estados Unidos, alias Churrón enfrenta acusaciones relacionadas con el tráfico internacional de cocaína y el uso de armas de fuego para facilitar las actividades del narcotráfico.
Su caso se integra dentro de un proceso judicial en el que también constan Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y Darío Peñafiel Nieto, alias Topo. Para enero del próximo año, los tres deberán comparecer a una nueva audiencia.