Un preso recluido en el Centro de Privación de Libertad Guayas habría participado en la extorsión a un comerciante de 70 años de El Guabo, a quien exigían 7.000 dólares mediante amenazas enviadas por WhatsApp.
Un preso recluido en el Centro de Privación de Libertad Guayas habría participado en la extorsión a un comerciante de 70 años de El Guabo, a quien exigían 7.000 dólares mediante amenazas enviadas por WhatsApp.
El operativo también permitió la captura de una mujer en Santo Domingo de los Tsáchilas.
Según el informe policial, las intimidaciones comenzaron el 21 de octubre, a través de mensajes enviados por WhatsApp. Mediante amenazas, los sospechosos habrían exigido al comerciante que entregara el dinero y le advertían que, si no cumplía, no le permitirían trabajar con tranquilidad.
Tras recibir la denuncia y una alerta del ECU 911, agentes de la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (UNASE) iniciaron varias diligencias para identificar a los responsables de las amenazas.
Las investigaciones permitieron ubicar a dos presuntos implicados. Una mujer fue aprehendida en Santo Domingo de los Tsáchilas, mientras que un hombre fue intervenido en el CPL Guayas, en Guayaquil, donde permanecía recluido.
Los sospechosos fueron identificados como Kevin M., de 30 años, y Kerly G., de 21. De acuerdo con el reporte policial, ambos presuntamente formarían parte de la organización delictiva Los Choneros.
ANTECEDENTES
El informe señala que Kevin M. registra antecedentes por extorsión, tenencia y porte de armas, robo, ingreso de artículos prohibidos y asesinato. Entre los registros constan procesos de 2023, 2024 y 2025.
En cambio, González no registra antecedentes judiciales, según la información policial.
Durante el operativo, denominado Libertad 1208, los uniformados levantaron como indicios dos celulares y un comprobante bancario, elementos que serán incorporados a las investigaciones.
Tras su aprehensión, ambos ciudadanos fueron trasladados a un centro de salud para la valoración médica y posteriormente quedaron a disposición de la autoridad judicial competente.
Las investigaciones buscan establecer la participación de cada uno de los sospechosos en las amenazas contra el comerciante y determinar cómo operaba la presunta estructura de extorsión.