La Asamblea Nacional, con 83 votos, aprobó la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que unifica catorce iniciativas legislativas y aguarda ahora la sanción del presidente Daniel Noboa
La Asamblea Nacional, con 83 votos, aprobó la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que unifica catorce iniciativas legislativas y aguarda ahora la sanción del presidente Daniel Noboa. Más allá de su extensión, el texto exige un examen jurídico sereno, pues modifica el entramado institucional de los gobiernos autónomos descentralizados.
Destaca, en primer término, la regulación de la ausencia temporal de gobernadores regionales, prefectos, alcaldes y presidentes de juntas parroquiales, que no podrá exceder de noventa días continuos. La medida colma un vacío normativo: la acefalía prolongada de una autoridad de elección popular afecta la continuidad del servicio público y la responsabilidad política frente al mandante. Fijar un límite temporal cierto otorga seguridad jurídica y obliga a definir con claridad la subrogación.
Igualmente, trascendente es la obligatoriedad de transmitir en vivo, mediante plataformas digitales, las sesiones de los órganos legislativos de todos los niveles de gobierno. Se materializa así el principio de publicidad y el derecho ciudadano de acceso a la información, pues la deliberación pública deja de ser un acto reservado a quienes asisten presencialmente y se somete al escrutinio permanente de la sociedad.
La reforma incorpora además la jornada de cuarenta horas de los concejales, los requisitos para crear cantones y parroquias, la gobernanza territorial de la seguridad, la venta directa de inmuebles municipales, la regulación de telecomunicaciones y la ventanilla electrónica.
En conclusión, la ley resulta mayormente beneficiosa: fortalece la transparencia, limita la desidia y acerca el poder local al ciudadano. Su éxito, sin embargo, dependerá de la reglamentación, de la capacidad tecnológica de los municipios pequeños y de un control efectivo que evite arbitrariedades, particularmente en la enajenación de inmuebles. Una norma, por loable que sea, solo transforma la realidad cuando se cumple. Corresponde ahora a la ciudadanía vigilar su aplicación.