Machala enfrenta una crisis recurrente que expone las consecuencias de una administración pública sin planificación.
Machala enfrenta una crisis recurrente que expone las consecuencias de una administración pública sin planificación. La falta de agua potable y las inundaciones responden a un problema común: la ausencia de previsión de las autoridades frente a las condiciones hidráulicas del territorio. Dos emergencias distintas, una misma deuda institucional con la ciudadanía.
Durante años, los cuerpos de agua acumularon sedimentos sin que las administraciones responsables ejecutaran labores oportunas de desazolve y dragado. Las desembocaduras, puntos críticos para la evacuación de los caudales, tampoco recibieron la intervención necesaria. Esa omisión redujo la capacidad de drenaje, favoreció las inundaciones y hoy compromete las fuentes y los sistemas de captación que abastecen a la ciudad.
El sedimento que antes obstaculizó el paso del agua lluvia ahora condiciona el suministro de agua potable. La naturaleza del problema no cambió; cambió la forma en que sus consecuencias afectan a la población. Primero, calles, viviendas y barrios bajo el agua. Ahora, hogares sin el servicio indispensable para cocinar, asearse y mantener condiciones elementales de higiene.
La responsabilidad política y administrativa exige respuestas. No basta con atribuir la emergencia a las lluvias, a las condiciones naturales o a circunstancias imprevistas. La acumulación de sedimentos y la falta de mantenimiento de los cauces constituyen problemas previsibles, sujetos a intervención técnica y planificación presupuestaria. Cada administración debe explicar qué acciones ejecutó, qué recursos destinó y por qué las obras necesarias quedaron pendientes. La población de menores ingresos soporta el mayor costo de esta negligencia. Quienes carecen de cisternas, tanqueros particulares o recursos para comprar agua embotellada enfrentan mayores dificultades. La interrupción del servicio afecta su alimentación, salud, economía familiar y condiciones de vida. La desigualdad también se expresa en el acceso al agua.
Machala necesita soluciones estructurales, no respuestas improvisadas ante cada emergencia. El dragado de los cuerpos de agua, la recuperación de las desembocaduras, el mantenimiento periódico de los cauces y la protección de las fuentes de captación requieren cronogramas, presupuesto y fiscalización.
Las autoridades deben asumir responsabilidades y transparentar sus decisiones. La ciudadanía merece explicaciones sobre las omisiones que agravaron esta crisis. El acceso al agua no admite negligencias administrativas. Los sectores más pobres no pueden seguir pagando, con su salud y sus escasos recursos, las consecuencias de la falta de previsión.