𝐐𝐮𝐢𝐭𝐨 (#𝐏𝐢𝐜𝐡𝐢𝐧𝐜𝐡𝐚), 𝟏𝟑 𝐝𝐞 𝐧𝐨𝐯𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔.- Leonardo Alarcón Argudo, fiscal general del Estado (E), formuló cargos contra los exjueces Ángel Enrique T., Joseph Rober M. y Jorge Luis E., por su presunta responsabilidad en el delito de prevaricato, al aceptar una acción de protección que otorgaba beneficios laborales a un grupo de trabajadores de CNEL EP.
𝐐𝐮𝐢𝐭𝐨 (#𝐏𝐢𝐜𝐡𝐢𝐧𝐜𝐡𝐚), 𝟏𝟑 𝐝𝐞 𝐧𝐨𝐯𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔.- Leonardo Alarcón Argudo, fiscal general del Estado (E), formuló cargos contra los exjueces Ángel Enrique T., Joseph Rober M. y Jorge Luis E., por su presunta responsabilidad en el delito de prevaricato, al aceptar una acción de protección que otorgaba beneficios laborales a un grupo de trabajadores de CNEL EP.
El Juez de la Corte Nacional de Justicia a cargo de la causa acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Ángel T. y Joseph M. Además, ordenó para Jorge E., por ser mayor de 65 años, arresto domiciliario, prohibición de salida del país y colocación de un dispositivo de vigilancia electrónica.
Dispuso, también, la retención de hasta 5.000 dólares que tengan los procesados en sus cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes.
Los hechos investigados se iniciaron en 2021, cuando 1.500 servidores de la empresa pública Corporación Nacional de Electricidad del Ecuador (CNEL EP) presentaron una acción de protección con el fin de obtener beneficios económicos, al solicitar su incorporación a un contrato colectivo.
La acción fue aceptada por el entonces juez de Pueblo Viejo, Ángel T. Posteriormente, la sentencia fue ratificada, con voto de mayoría, por los jueces provinciales de Los Ríos Joseph M. y Jorge E. Dicha acción obligaba a CNEL EP al pago de más de 79 millones de dólares a favor de los accionantes.
Estas decisiones fueron examinadas por la Corte Constitucional que, en sentencia de 2025, declaró que la acción de protección no precautelaba derechos, sino que otorgaba beneficios económicos a un grupo de funcionarios, lo que desnaturalizaba sus objetivos.
En consecuencia, dejó sin efecto las sentencias de primera y segunda instancia. Además, dispuso que el expediente se remitiera al Consejo de la Judicatura, para el establecimiento de sanciones administrativas, y a la Fiscalía, para el inicio de una investigación por el presunto delito de prevaricato.
En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía presentó los elementos de convicción que sustentan la imputación, entre ellos, las copias de los expedientes en los que los jueces fallaron a favor de la acción de protección en primera y segunda instancia, y la sentencia de la Corte Constitucional que dejó sin efecto dicha acción.
Asimismo, se presentó la decisión del Consejo de la Judicatura, que estableció el error inexcusable de los jueces al haber aceptado la acción de protección y dispuso su destitución, entre otros elementos de convicción.
La instrucción fiscal tendrá una duración de noventa días.
Información jurídica
El delito de prevaricato está tipificado en el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).