La designación de 163 jueces temporales por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) expone una deuda institucional que el país arrastra: la falta de concursos públicos, transparentes y oportunos para cubrir las vacantes del sistema judicial. La resolución, aprobada el miércoles 18 de noviembre de 2026, a las 23:00, resolvió una necesidad administrativa, pero deja interrogantes sobre los mecanismos de selección y la estabilidad de quienes imparten justicia.
La designación de 163 jueces temporales por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) expone una deuda institucional que el país arrastra: la falta de concursos públicos, transparentes y oportunos para cubrir las vacantes del sistema judicial. La resolución, aprobada el miércoles 18 de noviembre de 2026, a las 23:00, resolvió una necesidad administrativa, pero deja interrogantes sobre los mecanismos de selección y la estabilidad de quienes imparten justicia.
El organismo también conformó un Registro de Elegibles con los postulantes que alcanzaron el puntaje mínimo. Sus integrantes podrán acceder a las plazas disponibles o cubrir futuras necesidades, conforme al orden de calificación. Además, el Pleno aprobó tres lineamientos técnicos para completar las 59 vacantes pendientes, con criterios que consideran la provincia, la especialidad y, bajo determinadas condiciones, la cercanía geográfica de otras jurisdicciones.
Aunque estos mecanismos establecen parámetros para distribuir los puestos, no sustituyen la obligación de desarrollar concursos públicos de méritos y oposición. La administración de justicia exige procesos de selección que garanticen igualdad de oportunidades, evaluación objetiva y control ciudadano. La designación temporal no debe convertirse en una fórmula recurrente para resolver necesidades que requieren soluciones institucionales permanentes.
La Judicatura debe explicar por qué llegó a este escenario sin completar oportunamente los procedimientos correspondientes. También necesita transparentar las calificaciones, los perfiles profesionales, los criterios aplicados y las razones que sustentan cada nombramiento. La ciudadanía tiene derecho a conocer quiénes acceden a la función judicial, bajo qué parámetros y durante cuánto tiempo ejercerán sus responsabilidades.
La condición temporal de un juez no determina, por sí sola, su capacidad profesional. Sin embargo, la estabilidad institucional y las garantías de independencia requieren reglas claras de ingreso, permanencia y evaluación. Un sistema que depende de nombramientos provisionales enfrenta riesgos de incertidumbre administrativa y cuestionamientos sobre su autonomía.
Las 59 plazas pendientes demandan una respuesta concreta. El Consejo de la Judicatura debe establecer un calendario público para los concursos, garantizar la vigilancia de sus etapas y evitar cualquier margen de discrecionalidad. La justicia ecuatoriana necesita jueces seleccionados mediante procedimientos verificables, no una sucesión de decisiones provisionales que prolonguen la incertidumbre sobre la conformación de sus unidades judiciales.