La economía ecuatoriana transita hacia el cierre de 2026 proyectando un crecimiento moderado del 2,7%, respaldado por las previsiones del Banco Central y el Fondo Monetario Internacional
La economía ecuatoriana transita hacia el cierre de 2026 proyectando un crecimiento moderado del 2,7%, respaldado por las previsiones del Banco Central y el Fondo Monetario Internacional; este dinamismo descansa primordialmente en la demanda interna privada, donde el gasto de los hogares aporta 2,1 puntos porcentuales y la formación bruta de capital fijo añade 1,2 puntos. No obstante, este crecimiento mantiene una peligrosa concentración sectorial y enfrenta severas vulnerabilidades de cara al ciclo económico de 2027, amenazado por la crisis energética y los posibles impactos productivos del fenómeno de El Niño.
Mientras los indicadores de actividad real muestran resiliencia —con un IMAEC interanual de 3,5% en agosto—, el flanco fiscal y financiero expone profundas tensiones estructurales; el riesgo país, que había descendido a mínimos cercanos a los 400 puntos básicos a mediados de año, escaló hasta los 576 puntos básicos al cierre de octubre. Este incremento refleja una mezcla de incertidumbre coyuntural —marcada por la crisis eléctrica y el clima— y restricciones fiscales persistentes.
El Presupuesto General del Estado para 2027 plantea un escenario de altísima presión: una proforma de USD 50.213 millones que contempla un déficit global de 4.412 millones y necesidades totales de financiamiento por 13.671 millones. Dentro de este esquema, el país deberá afrontar pagos de deuda pública por 12.944 millones; semejante carga expone la fragilidad de un modelo que arrastra déficits fiscales crónicos y una alta dependencia del endeudamiento.
A esto se suma el debate sobre la calidad del gasto público; el problema central del Estado no es la mera escasez de recursos, sino su deficiente asignación y gestión. El peso de las remuneraciones estatales —que sostiene un salario promedio en el sector público significativamente superior al privado— no se ha traducido en mejores servicios de salud, educación o seguridad; paralelamente, la proforma contempla un gasto tributario proyectado en USD 7.906 millones por exoneraciones fiscales, evidenciando que el Estado resigna una parte sustancial de su recaudación potencial.
Para evitar que la macroeconomía disocie de la realidad ciudadana, Ecuador requiere trascender la tentación de la expansión fiscal inorgánica; es imperativo mejorar la eficiencia de la burocracia, combatir la corrupción, abrir espacios a la participación privada en sectores estratégicos y ordenar las finanzas públicas. Solo así la estabilidad macroeconómica dejará de ser una promesa frágil para transformarse en desarrollo sostenible.