OPINIóN

Editorial: Cuatro días sin conexión


La decisión del Gobierno de imponer nuevamente a las empresas cuatro días consecutivos de desconexión del Servicio Nacional Interconectado expone la fragilidad de la política energética ecuatoriana y sus consecuencias sobre el aparato productivo

La decisión del Gobierno de imponer nuevamente a las empresas cuatro días consecutivos de desconexión del Servicio Nacional Interconectado expone la fragilidad de la política energética ecuatoriana y sus consecuencias sobre el aparato productivo. La disposición traslada al sector privado el costo de una crisis que el Estado todavía no consigue resolver mediante una planificación técnica y una infraestructura suficiente. La electricidad constituye un insumo indispensable para la industria, el comercio, la agroexportación, la manufactura y los servicios. Una interrupción prolongada altera procesos de producción, compromete equipos, modifica cronogramas de entrega y genera gastos adicionales. Las empresas que dependen de sistemas de refrigeración, bombeo, procesamiento o almacenamiento enfrentan riesgos operativos que no desaparecen con una disposición administrativa.

El problema también alcanza a los trabajadores. La reducción de jornadas, la suspensión de actividades y la disminución de ingresos repercuten sobre hogares que dependen de salarios y remuneraciones. A su vez, los proveedores, transportistas y pequeños negocios vinculados con las empresas afectadas reciben el impacto de una medida que extiende sus efectos hacia otros sectores económicos.

El país necesita explicaciones sobre las razones técnicas que justifican cuatro días consecutivos de desconexión. ¿Cuál es el déficit de generación? ¿Qué capacidad de respuesta ofrecen las centrales disponibles? ¿Qué ocurrió con los compromisos de inversión y mantenimiento del sistema eléctrico? La ciudadanía y el sector empresarial merecen información verificable, no disposiciones que solo comuniquen restricciones.

Tampoco resulta aceptable que cada episodio de insuficiencia energética encuentre al aparato productivo sin certezas sobre el suministro. La planificación pública debe anticipar escenarios, establecer prioridades y garantizar condiciones para la continuidad de las actividades económicas. La emergencia no puede convertirse en el mecanismo habitual de administración del sistema eléctrico.

El Gobierno debe transparentar los criterios de desconexión, precisar las empresas afectadas, establecer mecanismos de compensación cuando corresponda y presentar un cronograma verificable para recuperar la capacidad de generación y distribución.

Ecuador necesita energía para producir, exportar, generar empleo y sostener su economía. Cuatro días consecutivos de desconexión representan una decisión con efectos que trascienden el consumo eléctrico. La pregunta central no es cuánto tiempo pueden soportar las empresas esta restricción, sino cuánto más puede perder el país por la ausencia de una política energética que garantice continuidad y previsibilidad.