La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) expidió una nueva resolución que define los controles que deben aplicar las personas y entidades bajo su supervisión para prevenir y detectar el lavado de activos.
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) expidió una nueva resolución que define los controles que deben aplicar las personas y entidades bajo su supervisión para prevenir y detectar el lavado de activos.
La resolución UAFE-DG-2026-0017, firmada el 19 de noviembre de 2026, se dirige a quienes tienen la obligación legal de entregar información a la UAFE y están bajo su control.
El documento tiene como finalidad prevenir y detectar el uso de actividades económicas para dar apariencia legal a recursos de origen ilícito.
También abarca el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Para ello, cada sujeto obligado deberá contar con programas de prevención ajustados al tamaño de su negocio, a la actividad que desarrolla y a la complejidad de sus operaciones.
Se deberán implementar mediante metodologías de administración de riesgos, matrices de evaluación, monitoreo de operaciones y mecanismos para detectar transacciones inusuales o sospechosas, informó la UAFE.
Entre las principales obligaciones constan la elaboración y registro del Manual de Prevención en el sistema Sislaft, así como fortalecimiento de los procesos de debida diligencia para identificar y verificar información de clientes, beneficiarios finales, empleados y proveedores.
Uno de los controles consiste en conocer al cliente y comprobar si sus transacciones guardan relación con su actividad.
La revisión de las operaciones será al menos anual para clientes de riesgo bajo, semestral para los de riesgo medio y permanente cuando el riesgo sea alto o existan señales de alerta.
Para verificar que las reglas se cumplan, la UAFE ejecutará inspecciones tanto presenciales (en las oficinas de las empresas) como remotas (a través de plataformas digitales).
Estas supervisiones permitirán evaluar controles internos, requerir documentación y establecer planes de acción para corregir deficiencias.
El oficial de cumplimiento deberá explicar, por ejemplo, qué criterios utilizó para clasificar los riesgos y mostrar los expedientes que respaldan el análisis de operaciones inusuales.
Además, la resolución dispone medidas por faltas de los oficiales de cumplimiento, que incluyen suspensiones por plazos de 30 a 60 días y la cancelación del registro por dos años. También establece la conservación de documentos y reportes durante diez años.
Los oficiales de cumplimiento son las personas designadas dentro de cada empresa para vigilar que no se lave dinero. No son funcionarios de la UAFE; son responsables internos de la empresa, negocio o persona obligada a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico.
Si estos oficiales fallan en su trabajo, no entregan reportes a tiempo o faltan a las auditorías, la UAFE podrá suspender su registro, tiempo en el cual quedarán bloqueados del sistema informático y sin poder trabajar.
La norma determina que, desde la publicación en el Registro Oficial, los sujetos obligados bajo control y supervisión de la UAFE tendrán quince días hábiles, sin prórroga, para actualizar toda su información ante la entidad.