David Pérez, asesor jurídico de la Presidencia.
María José Alba Lozano
David Pérez, asesor jurídico de la presidencia, analizó las 8 preguntas de la consulta popular y cual sería el beneficio de responder Sí a cada una de ellas.
"Todas las preguntas lo que buscan es un cambio constitucional, fueron aprobadas por la Corte Constitucional, para que desde el 5 de febrero los cambios se den de manera inmediata".
ANÁLISIS
De acuerdo a la pregunta ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo?
Pérez indicó que los cabecillas del crimen organizado en el narcotráfico son ecuatorianos y es tomado en cuenta en la consulta popular, porque la extradición es una herramienta efectiva al momento de luchar contra las bandas del crimen organizado para poder desarticularlas y así estos líderes puedan responder ante la justicia fuera del país, mencionó.
Pregunta 2 ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la fiscalía general del estado para que estas elecciones evalúen, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un consejo fiscal enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo?
La Fiscalía no tiene una independencia económica, ni de la designación de sus fiscales, en el Ecuador existe un déficitt, por lo cual en el país debería tener alrededor de 1400 fiscales, señaló Pérez.
Actualmente faltan 600 para llegar a esa cifra, los encargados de evaluar es el Consejo de la Judicatura, que a su criterio no lo realiza desde hace 9 años, que no concreta concurso alguno para la selección de fiscales.
"Lo que esta pregunta busca es garantizar la independencia de la Fiscalía General del Estado por eso pedimos realizar, como hacen en los demás sistemas de justicia en el mundo", explicó.
El Consejo Fiscal será un grupo dentro de la entidad que se encargará de la evaluación y designación de fiscales y que estará presidido por el Fiscal General y siete personas que no pertenecen al ámbito político, sino técnicos que deben cumplir con los mismos requisitos que los fiscales.
Pregunta 3 ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que esté los elijan de acuerdo a los siguientes criterios: un asambleísta por provincia, un asambleísta provincial adicional por cada 250 mil habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes y un asambleísta por cada 500 mil habitantes que residen en el exterior enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo?
Actualmente se cuenta con 137 asambleístas, para las próximas elecciones se tienen previsto escoger a 152, por eso recalca que quizás en próximas elecciones la cifra subiría a 200, acota que esto representa un problema.
“Porque los asambleístas no hacen leyes, no cumplen con su función primordial del Parlamento”, expresó.
Pone de ejemplo que existen más de 30 leyes en materia de seguridad que están estancadas en el proceso y que la semana anterior se tardaron alrededor de 5 horas para definir el ‘día del bizcocho y el queso’.
"Cada asambleísta al mes, le cuesta $15.000 al Estado, no es una institución que responde ante las necesidades de los ecuatorianos o a la facultad de legislar, porque no sacan leyes", expresó.
Reconfigurar es lo que busca esta pregunta al reducir el número de asambleístas, es depurar para que tenga mejores representantes, señala que se hubiesen puesto requisitos para las personas que postulen a esta unidad como cierto grado de nivel académico, pero que la Corte Constitucional considero que esto intervenía en el derecho de participación.
Pregunta 4 ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuentan con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo?
Pérez, explica que en el Ecuador existen 272 movimientos políticos, de los cuales 80 están conformados por 10 personas o menos, eso significa que son solo creados por turno, de escritorio o alquiler.
También dijo que son postulantes que primero entran con una postura y luego se cambian y reciben dinero por parte del Consejo Nacional Electoral.
"Esta pregunta busca poner un candado, poner requisitos, para investigar sobre los partidos y sus miembros, depurar e ir educando sobre las ideologías políticas".
Pregunta 5 ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana meritocracia y escrutinio público de modo que sea la Asamblea nacional que designa a través de estos procesos a las autoridades que actualmente rige el CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 5?
"El Consejo de Participación Ciudadana es un experimento fallido de la Constitución de 2008, es la institución que debía designar autoridades y no lo hizo", señaló.
A su criterio las personas que fueron designadas están fuera del país por temas de corrupción.
Y que a pesar de que pensaron en eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no es posible por que se consideraría como un cambio estructural y no podría ir por vía de una consulta popular, si no por vía de una Constituyente y eso implicaría gasto y tiempo.
Por eso se crearía una comisión técnica que estaría conformado por ciudadanos, técnicos y representantes de la función del Estado eso sería mediante un concurso a través de la Asamblea Nacional.
Pregunta 6 ¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 6?
Se va usar el mismo mecanismo de designación para autoridades de control que lo realizaba el Consejo Nacional Electoral y era inevitable que "metían las manos la política de turno", mencionó.
Por eso plantean el mismo mecanismo para designar a los miembros del CPCCS y así evitar cualquier tipo de "simpatía" con movimientos políticos.
Pregunta 7 ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de áreas protegidas enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo?
Para poder garantizar el derecho del agua, proponen esta pregunta para proteger ríos, lagunas, sistemas de riego y el otro punto es un nivel de seguridad porque el hecho de no crear estos sistemas de protección hídrica a desenfrenado problemas, como la minería ilegal que se da en los ríos o que terminan desembocando sus desechos en estas fuentes hídricas o la tala de árboles o el traslado de sustancias sujetas a fiscalización por medio de esta vía.
Pregunta 8 ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades pueden ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo?
Plantear servicios ambientales es una gestión que se maneja de manera efectiva en Europa y en otros países, que en el Ecuador no pueden implementar de manera efectiva porque no está a nivel constitucional.
Los beneficios son a nivel económico, lo que busca es inversión extranjera para que estos beneficios lleguen a las comunidades, pueblos o nacionalidades y que tenga una repercusión en el turismo del país, señala.
Una vez que esto esté dentro de la Constitución se tendrían que establecer políticas donde definan cuáles son los beneficios.