Lucio Gutiérrez, asambleísta nacional. Rodrigo Lozano, abogado y activista.
PREGUNTAS DE CONSULTA POPULAR
(DECRETO EJECUTIVO No. 162)
PREGUNTA 1: ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social?
Por el SI
“El Partido Sociedad Patriótica ha tomado la decisión de recomendar al pueblo ecuatoriano que no desaprovechemos, aunque no sea la solución definitiva a los problemas del país, esta consulta popular, votando Sí, especialmente en aquellas preguntas en las que las Fuerzas Armadas van a luchar en apoyo con la Policía Nacional en contra de la inseguridad”.
El asambleísta, Lucio Gutiérrez, líder de Sociedad Patriótica, abordó temas importantes de índole legislativo, de la coyuntura política del país, pero sobre todo, también de la consulta popular y del pronunciamiento que nos tiene al respecto. Él considera que las presuntas medidas de seguridad se deben votar Sí.
Usted como exmilitar, quiero consultarle el rol que se le pretende dar a las Fuerzas Armadas con esta consulta popular. ¿Por qué considera que hay que votar Sí en la pregunta F que se plantea?
Bueno, en esta y en todas las preguntas en las que se pide la participación de Fuerzas Armadas, la recomendación es votar Sí. Yo sé que esto va a generar reformas al interior de las Fuerzas Armadas, especialmente en incremento de personal. Deberíamos volver, y también esa es una propuesta nuestra, a la conscripción militar obligatoria, porque las Fuerzas Armadas se han reducido hace algunos años. Las Fuerzas Armadas bordeaban los 40.000 elementos, hoy se ha reducido a casi la mitad.
El control de armas es importante. ¿Quién se opone a que los militares controlen eso?, nadie creo yo. El próximo presidente debe convocar a una megaconsuta popular.
Usted habla que el Ecuador necesita una mega consulta popular, ¿a qué se refiere?
A ver, sobre el tema, hay conceptos clarísimos y concretos. Primero, nosotros venimos proponiendo desde hace algunos años y le hemos dicho también al actual Presidente de la República que, en vista de que la institucionalidad democrática colapsó, está totalmente corrupta, penetrada por la narcopolítica y narcojusticia, el Ecuador tiene que ser refundado. El Ecuador necesita nuevas instituciones democráticas para que haya justicia, haya transparencia, haya elecciones limpias en el país. Y para ello, pues, nuestra propuesta es que el Presidente del Ecuador ya perdió su oportunidad; el siguiente, en los primeros tres meses del año 2025, nos convoque a los ecuatorianos a una mega consulta popular para aprobar una nueva Constitución de la República, que se podría tomar como base la de 1998 a la que hay que actualizarla, fortalecerla, reformarla, y con ello volveríamos a las tres funciones del Estado y se terminarían instituciones que nos han llenado de vergüenza, como por ejemplo el Consejo Nacional Electoral, responsable de la narcopolítica en el país; el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ha puesto a dedo a la contralora, fiscal, a los miembros y vocales del Consejo Nacional Electoral, y del Consejo de la Judicatura.
Una segunda pregunta sería pues, si el pueblo ecuatoriano está de acuerdo con un nuevo Código Orgánico Integral Penal, en donde se sancione drásticamente con cadena perpetua a todos los políticos ladrones de fondos públicos.
Por el NO
“No nos dejemos engañar, es una consulta innecesaria, las consultas de la reforma al Código Integral Penal, que todos estamos de acuerdo, eso ya está en la Asamblea Nacional, está simplemente para discutir, se pone a un debate y se aprueba porque hay incluso los votos, allí ya está. Las reformas de la Constitución son innecesarias, más aún en el tema laboral”.
Rodrigo Lozano, abogado y miembro activo de un colectivo orense por el “No” en la consulta popular en Ecuador, expresó su preocupación y advierte sobre los riesgos que podría tener de aprobarse la consulta popular.
Lozano desglosó las razones por las cuales considera que la consulta es innecesaria y potencialmente perjudicial para el país.
Enfatizó en la falta de efectividad que ve en las propuestas planteadas en la consulta. Para él, muchas de las reformas que se buscan podrían ser discutidas y aprobadas directamente en la Asamblea Nacional, sin necesidad de recurrir a un proceso de consulta popular.
La pregunta F de la consulta popular, plantea si ¿Las Fuerzas Armadas deberían realizar el control de armas, municiones, explosivos y accesorios en las rutas hacia los Centros de Rehabilitación Social?.
Esta medida implica un enfoque inadecuado para abordar el problema de la delincuencia y la violencia en el país.
La presencia militar permanente en las calles sugiere una aceptación implícita de que la situación de seguridad nunca mejorará. En lugar de abordar las causas subyacentes de la delincuencia, como la pobreza y la falta de oportunidades, se opta por una solución superficial que no resolverá el problema de raíz.
Esta medida desestructuraría el equilibrio de seguridad del país, desviando a las Fuerzas Armadas de su función principal de proteger la soberanía nacional. La formación y el enfoque de las Fuerzas Armadas son distintos a los de la Policía, lo que podría llevar a un aumento de abusos y violaciones de derechos humanos si se les asignan tareas para las que no están adecuadamente preparados.
Hago un llamado a la dignidad institucional de la Policía, porque desacreditar su capacidad para enfrentar la delincuencia es insultante y contraproducente. En lugar de desviar recursos hacia medidas superficiales, se puede hacer un enfoque integral que aborde las causas fundamentales de la delincuencia y promueva políticas que fortalezcan a las instituciones responsables de mantener la seguridad ciudadana.
¿La consulta era necesaria?
A mi parecer, la consulta popular es innecesaria y carece de efectividad. Las preguntas que se plantean ya están en la Asamblea Nacional para su debate, por lo que no es necesario recurrir a una consulta. Además, algunas reformas propuestas, como la implementación del contrato por horas y la mediación internacional, son perjudiciales para los trabajadores y benefician a sectores privilegiados.
El llamado a la intervención militar es una admisión de que no estamos abordando ni combatiendo las causas profundas del problema, sino simplemente tratando los síntomas. Un amigo lo dijo de manera elocuente: es como recurrir al médico por un dolor y recibir una pastilla para aliviarlo temporalmente, sin abordar la raíz del problema.