OPINIóN

Crisis y decadencia del Ecuador Parte III


Clodoveo Astudillo Samaniego

En todas estas patrañas está enredada la fiscal general de la naciòn Diana Salazar la 10/20 del examen probatorio. Persigue a los que le mandan sus corifeos; encubre los delitos de Lenin Moreno, Guillermo Lasso y los que está cometiendo Daniel Noboa. Justicia tuerta e impúdica. Con el apoyo de la gran prensa; de los áulicos que lucran el festín patrio; los del amarillismo que dicen combatir la corrupción y que apenas tienen oportunidad dan la mordida, como ocurrió con los latisueldos del rector de la Universidad Andina.

Estas sinrazones de la política gubernamental ecuatoriana afectan la vida laboral de los ecuatorianos. El estado ecuatoriano que era promotor de desarrollo nacional con inversiones en obra pública, instalaciones en hidroeléctricas, mejoramiento de puertos, aeropuertos, vías de comunicación, infraestructura educativa, de salud, de seguridad pùblica, hoy es un estado esquelético que para subsistir espera nuevos endeudamientos del FMI – porque perdona en miles de millones de dólares – a los deudores y evasores de la empresa privada, sin que los ecuatorianos nos enteremos como fue que el Ecuador pasó a tener una deuda externa de 79.316 mil millones de dólares al 2023, cuando en el 2017 debíamos 43.436 millones, sin realización de obra pùblica alguna.

Esta es la razón para que los ecuatorianos migren por cientos de miles de personas al extranjero por el Darién Panamá. Solo en 2023 fueron 54.757 con dirección a los EE. UU. y lo mismo ocurre a otros países y Europa. Explica también la precarización laboral en el país, con aumento del % de trabajadores en labores inadecuadas; la disminución de los sueldos y salarios a los profesionales en el sector público y privado sin contratación permanente y mediante contratos, que les exime a los patronos el pago al IESS por afiliación patronal, pago de horas extras, utilidades. Es decir, nos retrotraemos a relaciones laborales de inicio del siglo XX, cuando no había código del trabajo y el estado no era garante de la seguridad social de su población como lo manda nuestra Constituciòn vigente.