Quito.- A finales de enero de este año, en medio de los esfuerzos del Gobierno por aliviar la sobrepoblación carcelaria en Ecuador, el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció la intención de repatriar a 1.500 presos colombianos y peruanos.
Quito.- A finales de enero de este año, en medio de los esfuerzos del Gobierno por aliviar la sobrepoblación carcelaria en Ecuador, el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció la intención de repatriar a 1.500 presos colombianos y peruanos.
Para ese entonces, la población carcelaria era de 31.764 personas privadas de libertad (PPL), según las cifras del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), entidad que maneja los reclusorios.
“Se gasta más en ellos que en el desayuno escolar”, comentó el mandatario durante una entrevista con la televisora Teleamazonas. Algo más de tres meses después de esta aseveración, el servicio de alimentación en las cárceles captó la atención pública, la semana anterior.
Aludiendo falta de pago del Gobierno nacional, la empresa Lafattoria, del grupo Riasem, suspendió la provisión de alimentos en el territorio 1, que agrupa a las cárceles del norte del país: Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Pichincha, Santo Domingo, Napo y Cotopaxi, donde hay 11.400 internos.
Según El Universo, la firma no tiene un contrato y prestaba el servicio a través de convenio de pago, una figura para casos extraordinarios. Lafattoria sí tiene relación contractual con el territorio 3, integrado por los cinco reclusorios del complejo carcelario de Guayaquil (12.464 internos a finales de marzo), donde se encarga de la alimentación de los presos desde 2011.
Inicialmente era por contrato y luego la empresa ha concursado cuando se han convocado las licitaciones públicas, en muchas de estas la firma ha sido la única oferente, según sus representantes.
A más del servicio a las cárceles de estos dos territorios (1 y 3), el grupo Riasem también es proveedor del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en dos zonas del país, desde hace ocho años.
Y por eso, según Richard Villagrán, presidente del conglomerado, la deuda del Gobierno asciende a $ 28′500.000.
Por el servicio de alimentación en las cárceles el Gobierno adeudaba cinco meses y medio hasta la primera quincena de abril. Mientras, por el desayuno escolar el retraso sería de tres meses.
La deuda pone en riesgo la alimentación de los internos del complejo carcelario de Guayaquil y también el desayuno escolar para los próximos meses, puesto que el grupo también tendría compromisos pendientes con sus proveedores.
Investigación en la Fiscalía
La situación no se zanjaría fácilmente ya que tras la suspensión del abastecimiento de comida en las cárceles del norte del país, la Presidencia de la República introdujo una notitia criminis en la Fiscalía para que se investiguen presuntas irregularidades en el servicio.
En el documento constan informes del centro de inteligencia estratégica sobre supuestos actos ilícitos de carácter penal en los que estaría involucrada la compañía proveedora del servicio. A través de un comunicado, el gobierno de Daniel Noboa se refirió a una conducta monopólica.